Caminos ante la encrucijada
de la crisis mundial

Blanca Rubio

Durante la etapa neoliberal, los campesinos latinoamericanos compartieron un mismo destino: el despojo del valor de sus cosechas y la exclusión productiva generalizada. De sur a norte del continente se impusieron políticas que marginaban la agricultura, privilegiaban la importación de alimentos y visualizaban a los campesinos como indigentes.

Sin embargo, en los tempranos años 2000 este panorama común ha cambiado sustancialmente. La segunda crisis de hegemonía de Estados Unidos fue una condición importante para que surgieran gobiernos con mayor autonomía, fortalecidos por la inviabilidad del neoliberalismo.

Como señala Emir Sader en su libro El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana (2009, Editorial Siglo XXI y CLACSO. Argentina), ahora el panorama político latinoamericano se ha diversificado. Están por un lado los países “postneoliberales” (Venezuela, Bolivia y Ecuador) que impulsan un proyecto alternativo al neoliberalismo. Están los que llama “progresistas” (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) que, sin modificar las bases del neoliberalismo, están impulsando un fuerte proyecto social, y finalmente aparecen los que continúan con el proyecto neoliberal (México, Perú, Colombia, Costa Rica y Chile), cada vez más anacrónicos.

A la par con estas mudanzas, la agricultura devino en la salida de la crisis energética con el impulso de los agrocombustibles. Tal situación ha generado que el sector recobre un rol estratégico en el ámbito mundial, una revalorización estructural de los bienes alimentarios y materias primas, un proceso de concentración de la tierra y los recursos naturales y una tendencia de los países emergentes a producir sus propios alimentos comprando tierras en países con buenas condiciones productivas.

En este contexto, la exclusión rasa que igualaba sin distinción a los campesinos latinoamericanos se ha trasformado. Hoy enfrentan por un lado el embate del capital y de los gobiernos que intentan apropiarse de la tierra y los recursos naturales para impulsar agrocombustibles, extraer minerales y agua o bien producir alimentos básicos para sus poblaciones. Pero también enfrentan un proceso inclusivo que los privilegia como los depositarios de la producción alimentaria nacional ante el alza sostenida del precio de los alimentos.

Incluso el Grupo de los Ocho y el Banco Mundial hablan de la necesidad de que los países pobres produzcan internamente sus alimentos y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) plantean abiertamente el objetivo de la soberanía alimentaria y señalan a los pequeños productores como los depositarios de este proceso.

En esta línea inclusiva pero con mayor efectividad, los países postneoliberales están empeñados en recuperar la soberanía alimentaria, entendida como un proyecto político de independencia, para lo cual ponen en el centro a la agricultura familiar.

Por lo anterior, los campesinos latinoamericanos se debaten hoy entre el despojo y la inclusión, mientras el destino común que los igualó en el neoliberalismo se ha bifurcado.

Así, se observa que, aun cuando en todos los países se fomentan actividades extractivas, fundamentalmente en los “progresistas” y neoliberales es donde se impulsan los agrocombustibles, basados en monocultivos y el uso de transgénicos. El caso más emblemático es el de la expansión de la soya en Argentina. En Colombia el cultivo de la palma de aceite ha traído también un fuerte despojo de los campesinos, sobre todo en el sur de Bolívar y en Magdalena Medio. En Perú hay intereses por desforestar el bosque amazónico para la producción de palma aceitera para biodiésel. En la costa, la empresa estadounidense Maple adquirió cerca de 12 mil hectáreas de tierras eriazas en el Valle del Río Chira para sembrar caña de azúcar y producir etanol (Eguren, Fernando, 2009, ”La concentración del control de las tierras agrícolas”. La República, Perú. 28/07/09).

Asimismo, Brasil, Uruguay y Paraguay han sido elegidos por los países emergentes que están comprando tierras para sembrar sus propios alimentos, debido a sus buenas tierras.

En cuanto al despojo de recursos naturales y contaminación de recursos por las mineras, empresas como Barrick Gold, Pacific Rim Mining y Patagonia Gold, cuyas sedes se encuentran en Canadá, con oficinas en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, extraen oro, plata y cobre de países como Perú, Chile y Argentina.

En el caso de México se han visto afectadas comunidades de Oaxaca, Durango, Chiapas, Zacatecas y San Luis Potosí. La empresa Minefinders Corporation despojó de tres mil 498 hectáreas de tierras de uso común al ejido Huizopa en el municipio de Ciudad Madera, Chihuahua (Concha, Miguel. 2008, “México, despojo de tierras y explotación minera trasnacional”, www.biodiversidadla.org/content/view/full/43040).

En contraposición a la tendencia al despojo que es generalizada a todos los países, la tendencia a la integración productiva se encuentra muy restringida. Son fundamentalmente los países postneoliberales y algunos de los llamados progresistas los que están transformando la visión hacia los campesinos.

En Venezuela, Bolivia y Ecuador, se impulsaron nuevas Constituyentes sustentadas en Asambleas Nacionales, en las cuales se consagró la soberanía alimentaria como un derecho constitucional. Ahí se están impulsando reformas agrarias como una condición para la integración campesina. El gobierno de Venezuela impulsa el Plan de Lucha Contra el Latifundio, mientras que Ecuador echó a andar a fines del 2009 el Plan de Tierras para Pequeños Productores Campesinos. Bolivia, por su parte, ha desarrollado desde el ocho de noviembre del 2006 la Revolución Agraria con la Ley 3545.

En el ámbito productivo se han impulsado también experiencias importantes como el Nuevo Modelo Nacional Productivo Rural, que forma parte de la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria en Bolivia, mientras que en Venezuela se creó la Corporación de Autoabastecimiento para la Seguridad Alimentaria que distribuye alimentos a los “mercales” (centros de distribución popular de alimentos de gestión público-comunitario), abastecida por pequeños productores rurales: En Ecuador se está impulsando la política del Desarrollo Rural para el Buen Vivir, Sumak Kawsay, basada en el Plan de Desarrollo Rural.

Entre los países “progresistas”, Brasil ha dado un fuerte impulso a la pequeña producción con el Programa de Adquisición de Alimentos, iniciado en el 2003, que ha garantizado la compra de sus productos estimulando con ello la integración productiva.

En conclusión, la crisis capitalista ha abierto un camino para la integración de los campesinos en los países postneoliberales y en algunos progresistas, al tiempo que en el resto avanza una tendencia potente por el despojo de los recursos y la tierra de los pequeños productores, al convertirse la agricultura en un sector estratégico en el ámbito mundial.

¿Cuál de estas tendencias se impondrá como la dominante en la salida de la crisis? Sin duda esto dependerá de la correlación de fuerzas de los sectores en disputa. Por ello, resulta fundamental expandir y fortalecer el proyecto alternativo al neoliberal que germinó en la zona andina.

La crisis abrió una rendija de luz y los campesinos luchan por aprovecharla y salir de la exclusión. Se requiere, sin embargo, construir una gran fuerza colectiva para lograrlo.

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM