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19 de junio de 2010 Número 33 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
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Congruencia en políticas comercial y agrícola, demanda campesina
- Consulta gobierno sobre TLC con Brasil, pero urge una recapitulación total de los acuerdos internacionales en el agro
 FOTO: Joseph Sorrentino |
Víctor Suárez Carrera
Por medio de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), el gobierno federal ha pedido a organizaciones agrícolas y campesinas su opinión sobre la conveniencia o no de negociar un tratado de libre comercio (TLC) con Brasil. Pero más que eso, lo que debería hacer esta secretaría es convocar a un diálogo y trabajar en la construcción de consensos respecto de la congruencia de toda la política agrícola y comercial de México.
Y es que México acumula ya tres décadas de políticas de libre mercado, y casi dos de numerosos TLCs –el más importante, el puesto en vigor en 1994 con Estados Unidos (EU), la mayor potencia económica y agroalimentaria del mundo– y de acuerdos de asociación económica (AAEs) y los resultados son de pérdida de soberanía alimentaria, cesión de nuestro mercado interno a las grandes corporaciones agroalimentarias vinculadas a las importaciones y anulación de la regulación pública del comercio exterior y del mercado agrícola doméstico.
El diálogo que se necesita debe pasar por temas tales como a) la renegociación del capítulo agrícola del TLC de América del Norte (TLCAN); b) la revalorización del sector agroalimentario como un asunto de seguridad nacional; c) la recuperación de la soberanía alimentaria del país; d) la revalorización y reactivación económica de la agricultura en pequeña y mediana escalas; e) la revalorización y fortalecimiento del papel del Estado en la conducción y regulación del desarrollo agroalimentario del país, y f) medidas estructurales para disminuir la dependencia alimentaria e impulsar la producción sustentable de alimentos, el empleo y la conservación ambiental con base prioritariamente en la agricultura campesina.
Para argumentar este planteamiento, debemos remitirnos a 1982, cuando en el marco de la llamada crisis de la deuda y de la debilidad del gobierno mexicano, se impuso en México –por medio del Tesoro estadounidense, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– el modelo de libre comercio y privatización de la economía. Con la adhesión de nuestro país al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986 y sobre todo con la negociación y firma del TLCAN, nuestro país se encaminó a la crisis de creciente dependencia alimentaria y pérdida de soberanía.
Una primera constatación de ello es que el modelo de libre mercado y los TLCs/AAEs han favorecido a EU, Canadá y al resto de países socios y ha sido desfavorable para nuestro sector agroalimentario. Los hechos así lo demuestran: la balanza comercial agroalimentaria de nuestro país ha sido sistemática y crecientemente negativa todos los años de 1994 a la fecha, con la excepción un año (1995, debido a la recesión económica). De 1994 a 2009, de acuerdo con el Banco de México, el saldo negativo acumulado de la balanza comercial agropecuaria ascendió a 27 mil 321 millones de dólares, mientras que el saldo negativo acumulado de la balanza comercial agroalimentaria fue de 41 mil 867 millones 900 mil dólares.
La segunda constatación se observa en que los TLCs/AAEs, en el marco del modelo de libre mercado, no impulsaron el crecimiento económico del sector agroalimentario. De 1994 a 2009, el PIB agropecuario aumentó a una ínfima tasa promedio anual del 1.77 por ciento, muy por debajo del también mediocre crecimiento promedio anual de la economía de 2.43 por ciento. En contraste, de 1934 a 1980, el PIB agropecuario aumentó a tasas anuales superiores a cuatro por ciento como media.
Tercera constatación. Los TLCs/AAEs han promovido: a) la dependencia alimentaria de nuestro país (diez por ciento en los años 80s, 40 por ciento en 2010 y 80 por ciento para el 2020, según proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA); b) la desigualdad (con datos del Banco Mundial: en 2008 el diez por ciento más rico concentró 41.3 por ciento del ingreso total nacional, mientras que el diez por ciento más pobre dispuso únicamente de 1.2 por ciento; en 2004, el diez por ciento más rico concentraba 35.4 por ciento del ingreso total nacional mientras que el diez por ciento más pobre disponía de 1.5 por ciento); c) el desempleo rural (pérdida de 2.5 millones de empleos agropecuarios de 1994 a 2009); d) la pobreza (70 por ciento de la población rural) y la migración (250 mil migrantes rurales anualmente); e) la concentración del mercado agroalimentario en pocas megacorporaciones nacionales y extranjeras (20) las cuales han impuesto un modelo alimentario que produce desnutrición y obesidad para el 20 y 70 por ciento de los mexicanos, respectivamente.
Cuarta constatación. Los TLCs/AAEs no han promovido el libre comercio, mucho menos el comercio justo apegado a los principios y reglas internacionales de comercio. El comercio agroalimentario está en manos de unas cuantas megacorporaciones agroalimentarias que imponen precios de monopolio, determinan las políticas agrícolas y comerciales en EU, México y el mundo y eliminan a cientos de miles de pequeños y medianos agricultores y agroempresarios. Al mismo tiempo, el comercio agrícola internacional está marcado por el dumping económico, social y ambiental practicado por EU y por medidas proteccionistas en función de su política de soberanía alimentaria y de seguridad nacional.
Quinta constatación. Los TLCs/AAEs se han negociado e impuesto de manera autoritaria, a espaldas de la sociedad civil y en particular de los pequeños y medianos productores y de las pequeñas y medianas agroempresas. Se han negociado y acordado con la participación de y en función de los intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). La mayor parte de las organizaciones rurales del país y de la ciudadanía tienen una percepción negativa del TLCAN en el sector agroalimentario. En una encuesta de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dada a conocer en mayo de 2009, se constata que “el 73 por ciento de los mexicanos y el 72 por ciento de sus líderes consideran que México debe renegociar el TLCAN, sobre todo en el capítulo agropecuario”.
Sexta constatación. A la par que México se comprometió a lo largo de las tres décadas pasadas con el modelo de libre comercio, otros países como China, India y Brasil adoptaron modelos de desarrollo y comercio propios, autónomos, soberanos, pragmáticos, con visión de Estado, con lo cual lograron mayores tasas de crecimiento económico y agroalimentario y mejores resultados en la distribución del ingreso y combate a la pobreza. Esos países han emergido como potencias económicas, comerciales y diplomáticas mundiales, a la par que México ha perdido competitividad y prestigio en el escenario internacional.
Incongruencia de las políticas agrícolas y comerciales de México 1994-2010. Cuando se decidió iniciar la negociación del TLC con la Unión Europea (UE) a finales de los 90s, el CNA y el gobierno argumentaron a favor de excluir el sector agroalimentario en razón de los “altos subsidios agrícolas, las exportaciones agrícolas dumping y las medidas proteccionistas de la UE”. Por su parte, la UE exigió al gobierno mexicano un trato similar al TLCAN en este sector. Al final, cuando entró en vigor el TLCUE en 2000, se excluyó correctamente al sector agroalimentario.
La incongruencia del CNA y el gobierno mexicano radica en que por las mismas razones por las que se excluyó al agro del TLCUE debería ser sacado del TLCAN o, al menos, impulsarse su renegociación. Al no hacerlo, el resultado es que se protege a México de la competencia desleal de la UE para que el mercado agroalimentario mexicano sea completamente dominado por la competencia desleal de las agroexportaciones y corporaciones de Estados Unidos. Es decir, la agenda de las políticas agrícolas y comerciales de México está determinada por los intereses de EU y su complejo agroindustrial y agroexportador.
Ahora que se analiza el posible inicio de negociaciones de un Acuerdo Estratégico de Integración Económica (TLC) con Brasil, de nueva cuenta emergen las incongruencias del CNA y el gobierno mexicano: según dijo Juan Carlos Cortés, presidente del CNA, citado en una nota de El Financiero, del 14 de abril de 2010, debe excluirse al sector agroalimentario de un eventual TLC con la potencia económica, agrícola, comercial y diplomática suramericana “porque el sector agropecuario mexicano es una actividad sustancialmente sensible y no tiene nada que ganar”, y “no es que haya mejores productores en Brasil que en México, sino que las condiciones estructurales son diferentes. Mientras la obligatoriedad de la banca brasileña es prestar al sector agropecuario un porcentaje de su captación a una tasa preferencial; nosotros carecemos de ese apoyo, lo que nos pone en desventaja... Como ejemplo citó que la inversión que hace el gobierno de Brasil en tecnología es muchas veces mayor a la que realiza el de México, por lo que es difícil competir en sectores que tienen esas diferencias tan abruptas”.
Sí es cierto que existen condiciones estructurales diferentes (y adversas) para México respecto a Brasil, pero es aún más cierto para el caso de Estados Unidos respecto a México. Por tanto, si hubiera un mínimo de congruencia, no sólo debería excluirse al sector agropecuario de un eventual TLC con Brasil, sino sobre todo debería excluirse el sector del TLCAN por medio de una renegociación, tal y como lo han exigido la mayoría de las organizaciones rurales y la ciudadanía del país. ¿O se trata como en el caso del TLCUE: excluir a Brasil de la competencia en el mercado agroalimentario mexicano para que el dominio y control estadounidense sea total y no tenga competidores? ¿Las decisiones del gobierno mexicano y el CNA (dominado por las corporaciones agroalimentarias con intereses en EU) de nueva cuenta se toman en función de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de EU y sus corporaciones?
Es indispensable que haya congruencia en las decisiones de política agrícola y comercial y no decisiones a modo de los intereses de EU y de las corporaciones.
En su posicionamiento sobre el tema, la ANEC se opone rotundamente a la posición de excluir al sector agroalimentario en las negociaciones de un eventual TLC con Brasil a la par que se mantiene sin modificaciones el TLCAN y la política agrícola y comercial basada en el paradigma fracasado del libre comercio. Esta posición únicamente serviría a los EU y a las megacorproaciones agroalimentarias mexicanas y estadounidenses y profundizaría los resultados adversos del modelo de libre comercio y TLCs señalados arriba.
El país y el sector agroalimentario demandan un nuevo paradigma de desarrollo económico y agroalimentario propio, autónomo, soberano, pragmático, alejado del fundamentalismo neoliberal, con visión de Estado, de largo plazo, tal y como Brasil lo tiene y al que tanto teme el CNA y el gobierno mexicano.
Debemos construir una nueva política agrícola y comercial que deje atrás el modelo fracasado de libre comercio y TLCs.
Director ejecutivo de la ANEC