i siquiera se tomaron la molestia de cubrir las apariencias y cumplir con el calendario por ellos mismos aprobado. Ni eso. En sólo tres días (no en cinco, como originalmente establecieron), los raudos ministros –la mayoría de ellos– de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiraron la papa caliente, se lavaron las manos, despacharon el caso y desaprovecharon la ocasión para meter orden, aunque fuera un poco, en el espeluznante circo que es el gobierno federal y su impúdico aparato de justicia, al tiempo que, por timoratos –por decirlo suave–, tiraron al cesto de la basura la oportunidad de abrir brecha para que en México la justicia trascienda el discurso y la propaganda.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN, aseguró que la decisión en el caso de la guardería ABC de Hermosillo “tiene los límites estructurales que la Constitución le establece… La determinación de los ministros no inculpa ni exonera a nadie, ya que otras autoridades conservan el deber y las facultades de atribuir las responsabilidades que derivan del caso… Hemos hecho lo que la Constitución nos permite”. ¿En serio? Si eso es todo lo que puede hacer el máximo tribunal del país, si son tan estrictas sus limitaciones, entonces ¿para qué se necesita?, ¿en qué se benefician los mexicanos? Ahórrese, pues, el grueso cuan creciente presupuesto que se le destina (de él, la mayor parte para gruesos sueldos y jugosas prestaciones de los propios ministros) y utilícense esos dineros en algo más práctico y productivo.

Caso impunemente cerrado. De acuerdo con la versión de Ortiz Mayagoitia la determinación de los ministros no inculpa ni exonera a nadie, ya que otras autoridades conservan el deber y las facultades de atribuir las responsabilidades que derivan del caso. Grave error: sí exoneraron, y con fanfarrias, a los señalados como responsables (Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Daniel Karam, Carla Rochín Nieto y diez funcionarios y ex funcionarios más) en el dictamen de Arturo Zaldívar; sí exoneraron a los dueños de la guardería ABC de Hermosillo (a las parentelas de Margarita Zavala y Eduardo Bours); sí exoneraron al IMSS por el desorden generalizado en el sistema de guarderías; sí exoneraron a la ilegal subrogación de guarderías y, en fin, lo único que hizo la mayoría de los ministros fue, precisamente, exonerar y exonerar. Y las mismas determinaciones adoptadas así lo precisan: violaciones sin violadores, responsabilidades sin responsables, asesinatos sin asesinos, legalidad sin ley. Gracias, señores ministros.

Por lo demás, el presidente de la SCJN se apresuró a devolver el balón justo a la cancha en la que, desde el principio, se negaron a agarrarlo y lo patearon lo más rápido y lejos posible, tanto que llegó al máximo tribunal, es decir, donde ahora lo rebotan, con más rapidez que gracia, porque “otras autoridades conservan el deber y las facultades de atribuir las responsabilidades que derivan del caso… (La decisión de los ministros fue) para no entorpecer las labores de otras autoridades que tienen el mandato de determinar las responsabilidades penales, administrativas, civiles o políticas”, aseguró el ministro presidente.

Pero, ¿qué los padres de las víctimas no se vieron obligados a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente por la permanente negativa y encubrimiento de las mismas autoridades por él referidas? ¿Qué las procuradurías General de la República y General de Justicia de Sonora no se negaron rotundamente a investigar, capturar y enchiquerar a los responsables? ¿Qué el gobierno calderonista y, en su momento, el de Bours (como ahora el de Padrés) no actuaron impúdicamente para que sus funcionarios y las parentelas respectivas se mantuvieran ostensiblemente impunes? ¿O de qué autoridades habla Ortiz Mayagoitia?

Tras la decisión del pleno de la SCJN y las convincentes explicaciones de su presidente, en breve veremos a los compungidos procuradores general de la República y general de Justicia de Sonora reivindicarse ética, política y administrativamente, porque ya lo dijo Ortiz Mayagoitia: “otras autoridades conservan el deber y las facultades de atribuir las responsabilidades que derivan del caso… otras autoridades que tienen el mandato de determinar las responsabilidades penales, administrativas, civiles o políticas”. Así, más rápidos que una saeta, como nunca veremos actuar al dúo dinámico Arturo Chávez Chávez (PGR)-Abel Murrieta Gutiérrez (PGJS, con Bours y con Padrés), el cual, celosos de su deber, sin ningún compromiso político que lo condicione y carente de intereses en el este asunto, de inmediato ejercerá sus facultades, esclarecerá el caso de la guardería ABC, profundizará las investigaciones, encontrará a los verdaderos culpables y los enchiquerará. Si ante no lo hizo, simplemente se debe a que el pleno del máximo tribunal no lo había dicho en público.

En vía de mientras, tan satisfechos quedaron los padres de las víctimas con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tan tranquilos con las explicaciones de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que tras conocer el fallo del máximo tribunal de inmediato hicieron público que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de su inagotable peregrinar por encontrar lo que en su país sistemáticamente se les niega: justicia.

Como era de esperarse, en Los Pinos están felices con la decisión de la SCJN: impunes comenzamos, impunes nos mantenemos, y lo que en la residencia oficial celebran como (pírrica) victoria, para la nación no es más que otra gran derrota. Después no pregunten (“quién mató al comendador… Fuenteovejuna, señor”). Y como diría el ministro Zaldívar: quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos malos servidores públicos.

Las rebanadas del pastel

El Mundial Sudáfrica 2010 no sólo da pie para justificar inexistentes viajes de Estado a costillas del erario. También provoca euforia, evasión masiva de la realidad y tiroteo de frases de cantina dignas de ser inscritas en letras de oro en algún altar de la patria: el equipo francés se ha batido con bizarría, pero con torpeza, como en el 5 de mayo en Puebla (Carlos Navarrete, director técnico avecindado en el Senado de la República). ¡Uf! De que los hay, no cabe duda.

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