Chihuahua, Chih., 16 de junio. Que no salga el presidente (Felipe) Calderón con que la guerra contra el narcotráfico es la guerra de todos. Es su guerra, pero a todos los demás nos está cargando la fregada, dice Ofelia, comerciante y ama de casa de Ciudad Madera, municipio de la sierra tarahumara asolado por grupos armados que ejercen férreo control territorial y mantienen amenazados a los habitantes.

Los reclamos se replican en otros puntos de la sierra. Apenas el lunes, pistoleros encapuchados llegaron en una treintena de camionetas a la comunidad de Las Agujas, municipio de Bocoyna, donde recorrieron casa por casa y ordenaron a los moradores salir de sus viviendas. Antes asesinaron a uno de los lugareños.

Las Varas y Nicolás Bravo, otros dos poblados de Madera, prácticamente son pueblos fantasmas. Las viviendas abandonadas son ocupadas por sujetos armados que patrullan los caminos rurales del municipio e imponen su ley incluso a los candidatos a alcalde y diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quienes únicamente pueden acudir a los poblados cuando hay un aviso de autorización.

Aquí las cosas están cada día peor. Las campañas sólo se dan a ratos, cuando se recibe un aviso de que pueden ir a tal o cual lugar. La gente no sale de sus casas. Vivimos en constante temor, cuenta Ofelia, quien en sus tiempos libres hace trabajo político para uno de los aspirantes a la alcaldía de Madera.

Relata que desde que se iniciaron las campañas, las brigadas que antes recorrían las comunidades de todo el municipio apenas pueden salir uno o dos días a la semana, previo aviso de los grupos que controlan la zona y les dan paso franco por los caminos vecinales.

“Allá en Chihuahua (la capital) no se habla de nada de esto; tampoco en México. A mí me hierve la sangre de coraje de escuchar al presidente Calderón hablando de que la guerra es de todos.

Ayer nos salió con ese nuevo cuento. Antes dijo que no iba a dejar a las familias a merced de los narcotraficantes. Que se dé una vuelta por Madera, por los pueblos de la sierra, y después que hable, reclama Ofelia, quien asegura que esa población, ubicada a 350 kilómetros de la capital, vive en un clima de terror y violencia.

Esta situación se repite a lo largo y ancho de la región serrana, convertida desde hace dos años en tierra sin ley, donde los grupos criminales que pelean las rutas de trasiego de droga tienen marcados sus territorios.

Tal es el caso de La Línea, brazo armado de el cártel de Juárez, o del grupo Gente Nueva, identificado con el cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que en en la zona de la Tarahumara tiene como principal lugarteniente a Adán Salazar Zamorano y al hijo de éste, Alfredo Salazar Ramírez, El Indio, a quien se atribuye la orden de atacar el poblado de Creel en marzo pasado, cuando murieron ocho personas.

Nada funciona bien. La región de la sierra está totalmente fuera del control de las policías y el Ejército. Aquí no hay gobierno. Es tierra en manos de la delincuencia organizada, dice uno de los personajes más influyentes del poblado de Creel, que pidió anonimato.

La gente tiene verdadero temor. La vida cotidiana está trastocada. Lo que sucedió en la comunidad de Las Agujas es cierto: las familias han abandonado el lugar por miedo, agregó.

Otra zona fuera del control del gobierno es el municipio de Uruachi, donde vigías o halcones al servicio de grupos armados exploran las carreteras e instalan retenes ilegales donde piden identificación a los civiles.

En esta zona los candidatos a las presidencias municipales han acotado sus campañas a los tiempos y ritmo que les permiten los grupos criminales.

Y los mensajes llegan por diferentes medios, desde recados personales hasta avisos en estaciones de radio, como es el caso del segmento conocido en las radiofusoras de la región como Recados a la sierra.

Las corporaciones policiacas de los municipios, el Centro de Inteligencia Policial del gobierno del estado, los agentes federales y el Ejército simplemente no actúan si se les pide, señala uno de los habitantes de Creel.

Refiere que tras la masacre de 13 personas en Creel, en agosto de 2008, se anunció la operación Sierra segura, pero cuando se pide auxilio simplemente no entra en acción, como se hizo evidente en el ataque perpetrado en marzo. La grabación de las cámaras de seguridad demostró que no hubo reacción policiaca.