Oaxaca, Oax., 15 de junio. La Comisión Civil de Observación Internacional por los Derechos Humanos (Cciodh) cuestionó que las autoridades mexicanas no den cumplimiento a su obligación constitucional de dar protección y seguridad a una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria para hacer llegar suministros y romper el cerco al municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, sometido por militantes de la priísta Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

En un comunicado fechado en Barcelona, España, el organismo sostuvo que la caravana de solidaridad Bety Cariño y Jyri Jaakkola partió hacia Copala con la intención de romper el cerco impuesto por Ubisort, así como para llevar ayuda humanitaria a los habitantes del municipio autónomo, pero, a pesar de la considerable presencia policial, por las amenazas existentes no pudo llegar a su destino.

La policía no quiso actuar ni posibilitar el paso de la caravana y con ello habilitó las amenazas y las acciones de bloqueo realizadas por miembros de Ubisort y finalmente, pese a la evidencia de la actuación delictiva que estaban presenciando, se retiró y recomendó la finalización de la caravana por razones de seguridad, señaló.

A más de un mes de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurridos el 27 de abril, y de las declaraciones efectuadas por el gobierno de Felipe Calderón en la cumbre de Madrid ante la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, donde ofreció la máxima celeridad en la investigación, detención y debido proceso a los responsables directos de estos hechos delictivos, no se ha producido ninguna actuación que permita confiar en que así ocurra ni por parte de las autoridades de Oaxaca ni por parte de las autoridades federales, precisó.

Resaltó que lo acontecido en San Juan Copala tiene un denominador común que la Cciodh ha denunciado en Chiapas, Atenco y Oaxaca, pues en todos ellos se combaten los procesos de autonomía legítimos y pacíficos mediante la represión directa o mediante la actuación de grupos paramilitares protegidos y amparados por las autoridades.

Esta situación explosiva anuncia un aumento de la violencia que impide, al no tratar las causas de los conflictos, llegar a acuerdos que permitan una solución justa y dialogada, agregó.

La Cciodh dijo que las instituciones internacionales, como la Cruz Roja y la ONU, serán responsables de la continuidad del cerco armado, ante el llamado de las autoridades de San Juan Copala para asegurar la llegada de los suministros a las comunidades y así romper el cerco al que están sometidos.