Este miércoles en el campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) instalado en el Zócalo capitalino, el trabajador Cayetano Cabrera Esteva cumple 53 días en huelga de hambre, mientras cuatro mujeres trabajadoras llegan a su día 44 en este ayuno masivo, el cual ha querido ignorar el gobierno federal, pero en el plano internacional ha permitido que se vuelque la solidaridad de gremios de muchos países en favor de esta lucha, indicó la organización.

La huelga de hambre se ha difundido en todo el mundo y ha hecho que organizaciones sindicales de Canadá y Estados Unidos, encabezadas por el Consejo Laboral y la AFL-CIO, así como gremios de Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela y del resto del continente, hayan reiterado su adhesión y apoyo a las demandas del SME, y repudiado la política laboral mexicana, hizo ver esta organización.

Adelantó que incluso se están alistando los espacios de este campamento, porque en los próximos día se sumarán otros 10 trabajadores al ayuno.

También sostuvo que a la par de la huelga, un grupo de electricistas en resistencia mantienen su plantón en el acceso principal de la sede de la Secretaría del Trabajo, pues la lucha es en todos los frentes. Por eso, en la 99 convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebra en Ginebra, Suiza, el dirigente del SME, Martín Esparza, presentará el caso de este gremio este miércoles.

El saldo de la lucha es positivo al SME, puesto que desde diversas posturas ideológicas y políticas el movimiento sindical internacional está en favor del gremio e incluso se le están abriendo puertas diferentes para que se exponga la problemática de los electricistas mexicanos en foros como el próximo congreso de la Confederación Sindical Internacional, a realizarse próximamente en Vancouver, Canadá.

En el campamento del SME, la voz de la organización Familia Pasta de Conchos –la cual se instaló en el mismo sitio desde el jueves pasado y anunció que se va a retirar sólo cuando se resuelvan sus demandas– se hizo escuchar, ya que desde este foro social exigió al gobierno federal que deslinde responsabilidades administrativas y penales en que hayan incurrido funcionarios del gobierno de Coahuila, incluido Humberto Moreira, el cual ha sido incapaz de fundamentar la toma policiaca de la mina 8 unidad Pasta de Conchos.

Indicó que a pesar de que habían citado a las familias con el objetivo específico de entregarles la supuesta orden de la Dirección General de Minas, nunca pudieron mostrar un solo documento que ordenara tal medida; los funcionarios incurrieron en continuas contradicciones.

Refirió que de acuerdo con el gobernador, éste se vio forzado a implementar tal medida debido a que recibió la orden desde la Secretaría de Economía, y al negarse podría ser acusado de desacato.

Esas declaraciones contradicen lo manifestado por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien manifestó públicamente que ninguna instancia del gobierno federal ordenó ni tuvo conocimiento de que se preparara el operativo por el cual Grupo México retomó el control de la mina que había abandonado todos estos años.

Ante estas contradicciones, “en las que es evidente que una de las dos instancias miente –o ambas–”, la Familia Pasta de Conchos considera que en caso de ser cierto que el gobierno federal no lo ordenó ni tuvo conocimiento de que ocurriría, esto implica una invasión de facultades y competencias, así como la probable comisión de abuso de autoridad.