Con las caras largas y algunos incluso con lágrimas en los ojos, los padres de las víctimas del incendio en la guardería ABC se levantaron de los lugares que ocuparon en el salón de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Acababan de escuchar la decisión mayoritaria de que el sistema de subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a particulares es constitucional. Por la mañana ya habían escuchado otra decisión del pleno con la que no estaban de acuerdo: que la SCJN no tiene facultades para responsabilizar a los funcionarios que violen gravemente las garantías individuales, únicamente puede vincularlos con los hechos.

Al término de la sesión vespertina, la docena de padres –la mayoría de los cuales forma parte del Movimiento 5 de Junio– se quedaron en el salón de plenos y, consternados, se miraban unos a otros tratando de entender lo que pasaba.

Afuera del recinto, los representantes de los medios de comunicación esperaban platicar con ellos para conocer sus impresiones. Decidieron que fuera su abogado, Lorenzo Ramos Félix, quien fijara la postura común.

En entrevista, dijo que mantenían la confianza en que la SCJN determine que sí hubo violación grave de garantías individuales y que señale a los funcionarios involucrados en los hechos, para que con esta postura de la Corte apoyen ante el Ministerio Público Federal las denuncias en contra de los responsables de la tragedia.

José Francisco García, padre de uno de los menores fallecidos, dijo que esperan que la SCJN asuma su compromiso con la justicia y que no eluda mencionar los nombres de las autoridades involucradas en la violación grave de garantías. Los ministros aún están a tiempo de cumplir su compromiso con la justicia, afirmó.