La Secretaría de Gobernación de Puebla negó ayer que se haya despojado a ejidatarios de Santa María Tonantzintla y aclaró que no existe determinación alguna que vincule a servidores públicos de ésta o anteriores administraciones en la comisión de algún hecho delictivo.

En el desarrollo comercial e inmobiliario La Vista Country Club, que se impulsó en administraciones anteriores, la transferencia de los terrenos se realizó con apego a procedimientos y disposiciones legales, y en su momento se cubrieron los pagos correspondientes, señaló en un comunicado Francisco Díaz Gil, subsecretario de Gobernación de dicha entidad.

A todos y cada uno de los requerimientos realizados por las autoridades jurisdiccionales en los procedimientos, tanto de orden local como federal, en los que se incluye el juicio de amparo, se ha dado contestación puntual y cumplimiento legal, por lo que se ha concluido que no existen violaciones constitucionales ni procesales, agregó.

Ejidatarios de Santa María Tonantzintla han acusado al gobierno de Puebla de haberlos despojado de las 144 hectáreas donde se asienta el exclusivo fraccionamiento La Vista Country Club.

El funcionario dijo que esta versión resulta dolosa y confunde a la opinión pública, pues pretende traer a la actualidad un asunto totalmente concluido dentro del marco legal desde hace más de 15 años, por lo que resulta una difamación a los derechos e integridad de funcionarios y ex funcionarios de esta administración.

Agregó que un seudoabogado de nombre Sergio Ávila Córdoba promovió varios amparos para ejidatarios de Santa María Tonantzintla, pero dichos recursos fueron sobreseídos por su notoria improcedencia.

En reuniones en la Secretaría de Gobernación, señaló, se les mostraron los documentos de pago que ellos mismos habían cobrado con cheques certificados, y al darse cuenta del engaño de su representante legal desistieron de su reclamación.

Díaz Gil reiteró que la propiedad de La Vista Country Club se encuentra total y definitivamente regularizada, por lo que no hay, de parte de las autoridades ministeriales locales o federales, determinación alguna de responsabilidades en contra de funcionarios.