El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, adelantó que este miércoles el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunciará la eliminación de 7 mil normas en materia de obra pública, adquisiciones, control, transparencia, recursos financieros, auditoría y otras, para bloquear oportunidades de corrupción y simplificar al máximo cualquier trámite gubernamental.

En conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que las normas eliminadas serán sustituidas por nueve manuales mediante los cuales se estandarizan todas las prácticas administrativas y los procesos de servicios y bienes que otorgan las 249 dependencias y entidades del gobierno federal. En los manuales se integrarán 68 procedimientos que rijan los procesos de adquisiciones, obra pública y los descritos arriba.

Vega agregó que ese procedimiento de desregulación dentro de la administración pública federal implicará la reducción de costos para el gobierno, mayor transparencia y menos personal. Declinó adelantar cuántos servidores públicos podrían ser separados de su cargo, pues aún no se tiene un estimado.

A enero pasado ya se habían eliminado unas 800 normas de un total de 26 mil que también abarcan trámites. Ese número es independiente de las 7 mil que habrán de desaparecer y que consisten en normativas internas por entidad y dependencia federal.

Por otro lado, la SFP informó de la inhabilitación y el proceso penal contra Héctor González Aguilera, supervisor de la Subgerencia de Ingeniería y Mantenimiento de Ductos de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Tabasco, por solicitar a un provedor de servicios 10 por ciento de 1.2 millones de pesos, monto total de un contrato.

El juez segundo de distrito ya dictó auto de formal prisión (en la causa penal 42/2010) contra el ex funcionario de PEP, por cohecho, delito por el cual puede alcanzar una pena hasta de 14 años en prisión e inhabilitación por dos a 14 años. Se le fijó una caución de 280 mil pesos, con lo que enfrentará su proceso en libertad.

Debido a que González era quien tramitaba la autorización del pago, pidió al contratista una primera entrega de 60 mil pesos para liberarle el documento. Como forma de presión, retrasó la autorización del primer pago durante más de seis semanas y continuó presionando al contratista con su petición para agilizar los trámites, informó la dependencia federal.

El empresario formuló una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Función Pública, y participó en un operativo de usuario simulado. Por medio de éste se pudo detener en flagrancia al ahora ex funcionario público, quien el 13 de mayo se había presentado en el domicilio del denunciante para cobrar un adelanto de 30 mil pesos.

González Aguilera fue detenido ese día por la Policía Federal Ministerial y puesto a disposición de la delegación de la PGR en Villahermosa.

La SFP informó finalmente que en lo que va de esta administración ha realizado, junto con la PGR, 38 operativos exitosos del programa usuario simulado, la mitad de dichas acciones en el último año.