Durante las pasadas dos décadas, la Cámara de Diputados –dominada por mayoría de priístas y de panistas– redujeron más de 10 puntos porcentuales los ingresos federales participables que le asignan a la ciudad de México, aseguraron diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes consideraron que de seguir esa tendencia van a tronar las finanzas de esta capital.

En conferencia de prensa, los legisladores del sol azteca Agustín Guerrero, Emilio Serrano, Arturo Santana, Araceli Vázquez, Avelino Méndez, y Vidal Llerenas respaldaron la necesidad de modificar esa fórmula de asignación de recursos federales y acordar un nuevo pacto con la Federación en esa materia.

Vidal Llerenas añadió que en la década de los 90, el Distito Federal recibía cerca de 20 por ciento de los recursos federales participables. En la actualidad está cerca de 10 por ciento.

Explicó que esa situación tiene su origen en el componente poblacional que se incorporó a la fórmula de distribución de esos dineros a todas las entidades federativas.

Remarcó que en esa desigual entrega de recursos, la Federación tampoco reconoce el costo de capitalidad que tiene el Distrito Federal. Detalló que el Palacio Nacional, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las embajadas no pagan un solo centavo de impuesto predial.

Ante ello, pidió que como ocurre en otros países, como Bélgica o Alemania, pudieran resarcirse esos costos de capitalidad.

De acuerdo con Agustín Guerrero, la ciudad de México paga 9 mil millones de pesos al año por esos costos de capitalidad, que se ven, por ejemplo, en dotarles de servicios o seguridad a algunas instalaciones o dependencias federales. Si la Federación absorbiera tan sólo la mitad de esos gastos, ya la haríamos, añadió.

En la misma conferencia de prensa, los legisladores perredistas electos en el Distrito Federal anunciaron el inicio de una campaña de información con el fin de involucrar a los capitalinos para que apoyen la propuesta de que la ciudad de México tenga su constitución y sean reconocidos los derechos plenos de sus habitantes.