Amnistía Internacional (AI), legisladores y partidos políticos condenaron el clima de violencia que mantienen grupos armados en San Juan Copala, Oaxaca, e hicieron un llamado a las autoridades para que se permita y garantice el libre paso de la caravana humanitaria Bety Cariño y Jyry Jaakkola al municipio autónomo.

Los grupos parlamentarios del PRD en la Comisión Permanente del Congreso demandaron al gobierno federal la desaparición de poderes en San Juan Copala, municipio que –acusaron– es controlado por un grupo paramilitar solapado por el gobierno de Oaxaca.

En conferencia de prensa, diputados que participaron en la caravana a Copala expresaron que no pudieron llegar a la comunidad porque el gobernador Ulises Ruiz Ortiz no garantizó la seguridad de los participantes.

No lo hizo –dijo Agustín Guerrero– porque avala el estado de sitio en que se encuentra la población triqui.

Refirió que los integrantes de la caravana decidieron corroborar, con una persona que portaba un chaleco antibalas, que en el retén instalado por el grupo paramilitar –a 10 kilómetros de Copala– efectivamente había hombres armados que se parapetaron detrás de mujeres y niños. En el momento en que la comisión se acercó hicieron disparos al aire, dijo Guerrero.

Por su parte, PRD y PT reprobaron la situación que tiene lugar en aquella entidad, luego de que la caravana de legisladores federales que pretendía ingresar a San Juan Copala no pudo entrar.

Jesús Zambrano, vicecoordinador de la bancada del PRD, manifestó que es muy lamentable que ante los ojos de todo el mundo se esté reconociendo que allí impera la ley de un grupo que, a estas alturas, ya puede ser catalogado como de delincuencia organizada, y que tiene reconocimiento formal, donde el propio Estado mexicano admite que no pueden entrar ni el gobierno federal ni el local.

Amnistía Internacional llamó ayer a las autoridades y a los grupos armados ilegales a que garanticen el acceso seguro del segundo convoy humanitario que busca llegar a las comunidades indígenas bloqueadas en la región triqui.

En un comunicado de prensa, sostuvo que la segunda caravana lleva artículos humanitarios destinados a las 700 personas que viven en estado de sitio en San Juan Copala, donde grupos armados los tienen atrapados y les restringen los alimentos el agua y la electricidad, y han asesinado a quienes han intentado romper ese cerco.