Tucson y Cananea, 9 de junio. La tarde del domingo pasado, Sergio Tolano, dirigente de los mineros de Cananea, enterró a su abuela. Tras el sepelio, tomó camino a Hermosillo, a dejar a sus familiares. Para entonces ya había comenzado a recibir llamadas desde la capital del estado: le informaban que un fuerte contingente de policías federales se dirigía hacia la población minera.

No era la primera vez que le avisaban que ya venía el lobo, así que agarró camino, confiado en la promesa del gobernador panista Guillermo Padrés, quien había asegurado a los mineros que el conflicto no se resolvería con la intervención armada.

Tolano tuvo de dar vuelta atrás en la sierra, impresionado por el enorme convoy de las policías federal y estatal que iba rumbo a Cananea. Traté de rebasarlos, pero no pude, dice, apenas concluye la asamblea en la cual cientos de trabajadores reafirman su convicción de resistir. El secretario general de la sección 65 lo pone así: Vamos a ser muy medidos y muy inteligentes en nuestras estrategias para recuperar la mina; no vamos a poner en riesgo la vida de nuestros compañeros.

Ya no hay gases ni pedradas, menos tiros, pero sí la resistencia de los mineros que Tolano resume: Nos vamos a reorganizar, vamos a bloquear todo. Va a costar, pero vamos a recuperar la mina.

Se ve lejos, dado lo disparejo de las fuerzas, pero en ésas andan. Esta mañana, muy temprano, comienza el juego de toma y daca entre Grupo México y los gobiernos estatal y federal, de un lado, y los trabajadores, del otro.

Al ver que la empresa comienza a enviar sustitutos, los trabajadores bloquean con piedras la calle que conduce a la puerta tres del yacimiento. Un convoy de la policía estatal baja y retira las piedras, que los trabajadores vuelven a colocar. Así se la pasan un rato.

Luego, los trabajadores se van a una asamblea donde el abogado Luis Chávez explica que la ocupación de la empresa obedece a una averiguación previa abierta en la Procuraduría General de la República (PGR) por una denuncia de supuestos daños causados a las instalaciones de la minera. Según el abogado, una diligencia para cuantificar los supuestos daños –no el laudo que dio por terminadas las relaciones laborales– fue el motivo de la ocupación de la mina por más de 2 mil policías.

El litigante considera que el despliegue carece de toda lógica jurídica, dado que aun con la huelga, el Grupo México siempre mantuvo su cuerpo de seguridad dentro de la mina. Según Tolano, hasta unos 50 elementos por turno se hacían cargo de la vigilancia de los equipos e instalaciones, y ningún trabajador podía desplazarse solo por el interior.

Aun así, la empresa denuncia la desaparición de todo el cableado y la destrucción de los equipos de control. Tolano concede: Los trabajadores hubiéramos preferido pagar cualquier daño que destruir nuestro contrato colectivo. Según el dirigente, si faltan equipos, será porque ellos los sacaron en su propio tren.

Los cabrones vamos a demostrarles cómo semos

Tolano no le entra al tema de la escasa solidaridad de otras fuerzas sindicales. Sus razones tendrán, asegura, aunque también pide a dirigentes de otros gremios no olvidar que va a llegar su turno en el momento que se le hinchen los dedos a Felipe Calderón.

Del otro lado de la frontera, donde Grupo México tiene poco más de mil 500 empleados sindicalizados, en Arizona y Texas, se preparan acciones fuertes que no vamos a revelar por ahora, dice Manny Armenta, dirigente del sindicato de trabajadores del acero (USW, por sus siglas en inglés).

Señala que líderes de dicha agrupación hablaron con representantes del gobierno mexicano en las recientes visitas del presidente Felipe Calderón a Estados Unidos y Canadá. Incluso hablamos con el secretario Javier Lozano, pero todo lo que nos dijo salió al revés.

Desde Washington, la AFL-CIO –la central sindical más importante del norte– se suma a la postura de su afiliada USW y condena enérgicamente los ataques contra los mineros y sus familias en Cananea y Pasta de Conchos. En voz de su presidente, Richard Trumka, demanda al Congreso estadunidense no autorizar más fondos para las fuerzas de seguridad mexicanas, en el contexto de la Iniciativa Mérida, porque el gobierno de Calderón los está utilizando para darles en la madre a los trabajadores, como dice Armenta, hijo de una sonorense.

Grupo México, explica Manny, tiene intereses en Sudamérica, México y Estados Unidos. Ellos (los empresarios) se reúnen para ver dónde pueden producir más barato; se ponen de acuerdo sin que nunca les importe la gente, pero cuando nosotros nos reunimos sin importar las fronteras, los gobiernos nos ven como una amenaza. La USW se ha enfrentado también a Grupo México, con una huelga de cuatro meses en 2005. Actualmente tenemos algunos problemas locales, pero aquí se han topado con plancha, dice Armenta.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, recuerda la defensora de los derechos humanos Isabel García, grupos de activistas de Arizona comenzaron a relacionarse con los mineros de Cananea. Los apoyamos cuando Salinas le vendió la mina a esa familia canalla, señala mientras espera, en el parque Kennedy de Tucson, la llegada de un grupo de voluntarios que ha hecho a pie la ruta de los migrantes, desde la frontera.

De hecho, el trato entre el sindicato minero y la USW se ha afianzado en los últimos años, justo cuando comenzó la confrontación de Napoleón Gómez Urrutia con las administraciones panistas. La acción de la USW fue clave, por ejemplo, para que el gremio minero fuera admitido, quemando trámites, en la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera. Ese apoyo de muchas partes del mundo –señala Armenta– exaspera a gobiernos y a los dueños de las minas: No les gusta, dicen que ahora no deben luchar contra uno, sino contra una bola de cabrones. Dueño de un español pueblerino y uno de los últimos en salir de la oficina del sindicato en Cananea, cuando la Policía Federal echó gases el pasado domingo, remata sobre esa queja: Ahora es cuando los cabrones les vamos a demostrar cómo semos.

Un gesto unilateral seis veces superior a lo previsto en la ley

La radio local machaca todo el día con el enorme anzuelo que Minera de Cananea dirige a sus trabajadores: en un gesto unilateral, la empresa te ofrece, compañero, una liquidación conforme al contrato colectivo, que es un promedio seis veces mejor que lo que marca la Ley Federal del Trabajo. El generoso gesto unilateral invita a los mineros a abandonar el sindicato (la decisión es sólo tuya), ofrece cinco números telefónicos y advierte que, naturalmente, el pago se hará en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en Hermosillo, no aquí. Pese a la oferta, Tolano cree que no los van a dividir. Ya son tres o cuatro ocasiones que han hecho ofertas similares, que no se han aceptado.

Eso dice el secretario general, sentado en su oficina, con la foto de Napoleón Gómez Urrutia, ahora residente en Canadá, sobre su cabeza. A la izquierda, como mirando a su hijo, está la foto del anterior secretario general, Napoleón Gómez Sada.

–¿No les va a afectar que la población de Cananea esté dividida?

–No lo podemos negar. Nosotros no hemos trabajado con la población; en cambio, Grupo México ha mandado gente a dividir a la comunidad. Es cosa de que hablemos con ellos, porque aquí no hay comerciantes ni empresarios beneficiados por la empresa. Grupo México no compraba aquí ni un clavo ni un jabón. Toda la derrama era de nosotros, los trabajadores.

Con todo y que no confían en él, los dirigentes mineros se reúnen este jueves, en Hermosillo, con el gobernador Guillermo Padrés, originario de este municipio. No esperamos nada, pero vamos para que no digan que nosotros somos los cerrados.

Con su colección de amparos bajo el brazo, interrumpiendo a ratos la entrevista por trabajadores que se lo cotorrean, el rollizo secretario general de la sección 65 jura: En cualquier momento aquí va a estallar algo más fuerte. Esto apenas comienza.