Senadores y diputados de todos los partidos condenaron el homicidio del menor Sergio Adrián Hernández, cometido por un agente migratorio de Estados Unidos, y demandaron que el presidente Felipe Calderón asuma una actitud firme frente al gobierno de ese país.

Los legisladores plantearon que la exigencia de esclarecimiento del crimen se incluya como punto prioritario de la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, que se inicia mañana en Campeche.

La primera comisión de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para condenar enérgicamente el homicidio, que no se presentó a discusión en el pleno debido a que el presidente en turno de la mesa directiva, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, apresuró el cierre de la sesión.

El documento sostiene que el asesinato constituye una acción discriminatoria y una violación flagrante de derechos humanos.

También se solicita al gobierno de Calderón que por conducto de la cancillería se envíe una nota diplomática a la administración de Barack Obama, para que se investigue el crimen y se ejercite acción penal contra el o los responsables.

Legisladores de PRD, PRI y PT manifestaron que la política exterior del gobierno de Calderón es una vergüenza porque está sujeta a las presiones de Washington y es incapaz de protestar con energía ante las agresiones que ciudadanos mexicanos padecen diariamente en territorio estadunidense, y ahora hasta en suelo nacional.

Al reprochar al gobierno federal su tibia y blandengue postura ante las agresiones de dos connacionales durante la última semana, exigieron a Calderón que no asista a Sudáfrica al juego inaugural del Mundial de Futbol, y en cambio emprenda una defensa consistente de los mexicanos contra las agresiones de estadunidenses.

El legislador Porfirio Muñoz Ledo demandó al gobierno federal una postura digna y enérgica.

“Que se abra una investigación, que sean sancionados los responsables, pero sobre todo que se revise una estrategia en la que debe intervenir Washington, a ver si es cierto que el Congreso de aquel país se hace responsable directo de la ley Arizona, de la migración y del manejo de guardias fronterizas.”

El priísta Alfonso Navarrete Prida emplazó a la administración federal a manifestar su repudio al homicidio con toda energía, porque es un acto xenófobo, por el ambiente de hostilidad. No puede haber una muestra más clara que dispararle a un menor porque se le había ocurrido protestar con una piedra.

La senadora Rosario Green consideró que no se trató de un accidente, porque quien disparó sabía que tiraba a matar.

No compro el argumento de las piedras. Ya fui canciller y nunca lo compré. Es un uso desmedido de la fuerza.

La perredista Enoé Uranga calificó de vergüenza la respuesta del gobierno mexicano. El petista Enrique Ibarra se sumó a la exigencia de traer ante la justicia mexicana al responsable del ataque.

El secretario de relaciones internacionales del gobierno legítimo de México, Héctor Vasconcelos, consideró el hecho un nuevo crimen injustificable, que forma parte de una escalada de violencia a lo largo de la frontera norte.

A la condena se sumó la dirigencia nacional perredista, que también exigió el esclarecimiento del crimen y castigo para los responsables.