Con las nuevas sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad se aplican medidas de castigo más duras que las ya existentes y se establecen nuevas prohibiciones sobre aquellas actividades relacionadas con la proliferación nuclear.

Se impuso el embargo para importar a Irán armas pesadas convencionales como helicópteros, tanques de combate o sistemas de misiles, mientras que se refuerzan medidas para que los países inspeccionen en su territorio mercancías con destino Irán o que hayan salido de Irán si se sospecha que están prohibidas según las diferentes resoluciones del consejo.

También se prohíbe a los países que inicien nexos o busquen los servicios de bancos iraníes, como abrir sucursales de entidades financieras del país asiático en su territorio, si se sospecha que están relacionadas con actividades de proliferación nuclear.

Las sanciones involucran por primera vez a la Guardia Revolucionaria iraní, e incluyen prohibiciones de viaje para los miembros de ese grupo paramilitar o para los empleados de empresas que son dirigidas por ellos.

Se insta a los países a estrechar su vigilancia de las actividades de las compañías iraníes de transporte Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL, por sus siglas en inglés) y de la división de transporte de mercancía Iran Air.

La IRISL forma parte de una lista de 40 entidades citadas en la resolución, a las que se les aplicará el embargo de sus activos. En esta lista también se encuentra un individuo, Javad Rahiqui, jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán-Centro Tecnológico Atómico Esfahan, sujeto a restricciones para viajar al extranjero.

El texto afirma que la ONU constató con gran preocupación que Irán ha enriquecido uranio a 20 por ciento sin notificar de ello la Agencia Internacional de Energía Atómica. Asimismo, se exige al director general de la misma, el japonés Yukiya Amano, que informe dentro de 90 días si Irán ha suspendido por completo y de forma permanente sus actividades.