La Comisión Permanente acordó citar a comparecer, en comisiones y en una reunión privada, al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para que aclare los motivos y evidencias que llevaron a la detención y consignación de Gregorio Sánchez Martínez, candidato a gobernador de la alianza Todos por Quintana Roo, formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.

Asimismo, se pidió al Consejo de la Judicatura revisar la actuación del juez Carlos Alberto Elorza, quien giró la orden de aprehensión contra Sánchez Martínez y le dictó auto de formal prisión.

El senador perredista Silvano Aureoles Conejo sostuvo que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha apostado al uso mediático y electoral de las instituciones, sobre todo de la procuración de justicia, y ha encontrado cómplices a modo, como este juez que ha ayudado al gobierno federal a cometer todos los atropellos que hemos podido denunciar aquí, afirmó el legislador.

Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), la alianza nacional formada por los mismos partidos que integran Todos por Quintana Roo, informó por su parte que ayer enviaría una carta a los titulares de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública Federal y de la PGR para solicitar les notifiquen si existe información adicional a la contenida en el expediente que integró la PGR contra Greg Sánchez para que, una vez confirmada, los tres institutos políticos tomen las decisiones pertinentes en concordancia con la Constitución y las leyes.

Luego de informar que Dia determinó mantener a Gregorio Sánchez como su candidato a la gubernatura, porque por encima de la posibilidad de ganar una candidatura, preferimos perder votos a perder los principios, Manuel Camacho Solís, coordinador nacional de la agrupación, manifestó que no pueden permitir que se pretenda inhabilitar a sus contendientes con recursos de dudosa legalidad y clara intencionalidad política porque en 2012 no podemos dejarles libre la vía de la inhabilitación judicial.

Agregó que no pueden aceptar métodos persecutorios para descalificar a candidatos y partidos, porque estaríamos aceptando desde ahora que en otras elecciones sean las autoridades judiciales quienes decidan quiénes serán los candidatos de la oposición.

Acompañado de los dirigentes del PRD, Jesús Ortega Martínez; del PT, Ricardo Cantú, y de Convergencia, Luis Walton, Camacho dio a conocer la declaración política donde refrendan que Sánchez Martínez sigue siendo su candidato, y dejan claro que corresponde a la justicia determinar, conforme a la Constitución y el debido proceso legal, si el empresario es culpable de los delitos que se le imputan, relacionados con el crimen organizado.

El ex regente capitalino insistió en que en están en espera de que el TEPJF diga la última palabra sobre el caso. No vamos a salirnos de la ley ni un milímetro; tampoco estamos metiendo las manos a la lumbre por nadie. Estamos comprometiéndonos a fondo con la Constitución, con la democracia y con las libertades políticas del país, sostuvo.

En tanto, el Instituto Federal Electoral (IFE) informó que mantendrá al aire los promocionales de Gregorio Sánchez, aunque el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) le ha retirado su condición de abanderado.

Consejeros electorales coincidieron en que el Ieqroo no puede intervenir en el contenido de los espots de cada partido, a menos que exista una queja en su contra o una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para Arturo Sánchez, presidente del Comité de Radio y Televisión, cualquier disposición en contrario implicaría una censura previa del IFE a los mensajes partidistas. Refirió que el instituto sólo retiraría los promocionales si la propia coalición lo solicita o cuando se resuelvan posibles quejas en contra de estos espots.

El TEPJF también ordenó al Ieqroo resolver cuatro recursos interpuestos por la coalición Todos por Quintana Roo por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña de Roberto Borge, candidato de Quintana Roo Avanza (PRI-PVEM). La autoridad electoral, señaló, fue omisa en resolver los recursos a pesar de que podrían ser motivo de cancelación de registro.

Con esta determinación, el TEPJF modificó el acuerdo de registro del candidato y fijó a la autoridad local un plazo de 24 horas para resolver las mencionadas quejas.