El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio Irazábal, reconoció que no hay mecanismos para garantizar que los Consejos Escolares de Participación Social en las planteles educativos no realicen actividades políticas o religiosas.

Afirmó que es necesario confiar en un sistema de alarma, donde los ciudadanos sean quienes expresen su queja porque están pasando cosas indebidas, aunque reconoció que no se cuenta con acciones punitivas.

En conferencia de prensa, horas después de la presentación en Los Pinos de los lineamientos generales para la operación de los Consejos Escolares de Participación Social, que estarán integrados de forma voluntaria por padres de familia, cuerpos directivos y representantes sindicales, insistió en que la norma establece claramente que los consejos no podrán participar en temas laborales ni en cuestiones políticas o religiosas.

Sin embargo, indicó que con cerca de 200 mil planteles educativos e igual número de consejos que deberán integrarse en septiembre próximo, debemos confiar en el sistema de alarmas, pues no tenemos manera de garantizar que no haya cuestiones políticas o religiosas si no se establece con toda claridad la norma, que va a ser conocida por todo el mundo. Si alguien lo usa con propósitos indebidos se deberá iniciar un procedimiento, que no he pensado cuál es.

Lujambio reiteró que uno de los objetivos que deberán cumplir dichos consejos es transparentar los recursos económicos con que cuenten las escuelas, pues señaló que la ley permite y legitima que los padres de familia puedan realizar donativos.

Por ello, afirmó que con dichos organismos se garantizará transparencia y un espacio de confianza para conocer cómo se aplican esos recursos, los cuales –aseguró– se aplican para el mantenimiento de las escuelas, como un foco que lleva tres meses sin funcionar, una ventana que tiene cuatro meses rota, un pizarrón que ya no es visible. Son los típicos asuntos que demandan una caja chica para ir pagándolos.