El Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de eximir de responsabilidad al presidente Felipe Calderón en la difusión de promocionales del gobierno federal en los 13 estados donde hay elecciones locales en marcha. En la queja, consideró que no hay fundamentación ni motivación para haber resuelto como lo hizo el IFE.

En el escrito del representante del PRI, Sebastián Lerdo de Tejada, se cuestionó, entre otros aspectos, la reorientación que el IFE hizo del responsable de la difusión de espots, toda vez que en la queja originalmente promovida ante ese organismo se acusó a Calderón, pero durante el procedimiento el IFE señaló a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.

Para el PRI esta variación es sustancial, puesto que del artículo 80 constitucional se desprende que el titular y responsable de los negocios del orden administrativo de la Federación es el presidente de la República. De acuerdo con el PRI, aunque formalmente es posible delegar funciones, la responsabilidad final se mantiene en el titular del Poder Ejecutivo.

En el presente caso, se denunció la ilegal transmisión de propaganda gubernamental en radio y televisión atribuida al gobierno federal. En consecuencia, es válido arribar a la conclusión de que la autoridad responsable de la violación de la norma constitucional que establece que en tiempos de campañas deberá suspenderse toda propaganda gubernamental es el propio titular del Poder Ejecutivo, toda vez que a todas luces es una conducta atribuible al gobierno federal y, por tanto, al ser éste titular del mismo, es el sujeto directo responsable de la violación de dicha norma.

Es válida la demanda

Más adelante, el recurso subrayó que, conforme a los precedentes emitidos por el TEPJF, tenemos que es válido citar a quien encabeza una administración y por tanto es posible emplazar por faltas a la normativa electoral a quien sea el titular de un poder, sobre todo cuando es el denunciado, pensar de manera distinta es ir en contra del propio espíritu de la pasada reforma electoral.

El PRI cuestionó también que se pretenda imputar a concesionarios de radio y televisión, y más aún, sólo a tres, y omitir emplazar, en su caso, al resto de los concesionarios infractores. Se demanda poner fin a la difusión ilegal de propaganda gubernamental.