casi un año de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de influenza A/H1N1, la directora general de ese organismo, Margaret Chan, admitió ayer la existencia de relaciones entre algunos miembros de su comité de emergencias –quienes asesoraron al organismo durante aquella crisis sanitaria– y los fabricantes de antivirales contra ese padecimiento, pero negó que la decisión de elevar al máximo nivel la alerta por los contagios se hubiera debido a intereses comerciales: tal determinación, dijo, se basó en criterios virológicos y epidemiológicos definidos con claridad.

Para poner la declaración en contexto, es oportuno hacer referencia a la investigación publicada la semana pasada por el British Medical Journal, según la cual la OMS ocultó, en un informe clave sobre la proliferación de los casos de influenza, vínculos financieros entre sus expertos y las compañías Roche y Glaxo, encargadas de elaborar los fármacos contra el virus referido. Significativamente, en ese mismo documento la organización internacional exhortó a los gobiernos a acumular reservas de dichos medicamentos, lo que supuso ingresos equivalentes a 7 mil millones de dólares para las farmacéuticas, según datos del banco de inversiones JP Morgan.

Con base en los elementos de juicio disponibles, y si se atiende a la consideración de que dicho virus resultó, por fortuna, menos mortífero de lo que en un principio se temía, resulta difícil determinar con claridad si la reacción de la OMS ante el brote de influenza humana fue exagerada o no y si estuvo apegada, como sostienen sus propios funcionarios, a criterios estrictamente científicos. Es mucho más claro, en cambio, que el organismo encabezado por Margaret Chan incurrió, durante casi 12 meses, en un conducta opaca e indebida al ocultar los nexos entre algunos de sus integrantes y las farmacéuticas: con la confirmación de ese evidente conflicto de intereses por parte de las propias autoridades de la OMS, se da sustento a las versiones –que hasta ahora parecían conspirativas y habían sido calificadas de equivocadas e irresponsables por funcionarios de ese organismo– de que la gravedad de la epidemia de gripe pudo haberse exagerado con el propósito de procurar grandes ganancias a esas compañías. Tanto más desolador resulta que una publicación periódica se haya erigido, en este caso, en una fuente de información más precisa y confiable que las propias autoridades sanitarias internacionales.

Esa omisión es particularmente agravante si se considera que los gobiernos que siguieron las directrices de la OMS pudieron incurrir en un dispendio injustificado de recursos económicos: por no ir más lejos, debe recordarse que la semana pasada el titular de la Secretaría de Salud federal, José Ángel Córdova, reveló que la administración calderonista destinó 4 mil 500 millones de pesos para enfrentar la pandemia, monto equivalente a 0.7 por ciento del producto interno bruto del país. A la luz de lo expresado ayer por Chan, cabe preguntarse si no habría sido mejor emplear esos recursos en la atención de otras problemáticas sanitarias acaso más urgentes.

En suma, que dicha organización haya tenido en su comité de emergencia a personas pecuniariamente vinculadas con las empresas farmacéuticas que resultaron beneficiadas por decisiones de ese mismo comité causa un daño considerable a la imagen y la credibilidad de la OMS ante la opinión pública internacional, e introduce un factor de riesgo adicional ante escenarios futuros de urgencias sanitarias. Es necesario que ese organismo emprenda una revisión estricta y transparente de los mecanismos que lo llevaron a la declaratoria de pandemia en junio del año pasado, y que esclarezca, con oportunidad y precisión, las justificadas suspicacias que han surgido al respecto.