El penalista Marco Antonio Del Toro, del equipo de abogados del sindicato minero, aseguró ayer que ante la toma de las instalaciones de la mina de Cananea por el gobierno federal, lo que procede por la vía jurídica es ampliar la queja que existe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fortalecer la petición de medidas cautelares en favor de los trabajadores, porque se trata de un desalojo ilegal que viola los derechos constitucionales y laborales.

Es claro que esta acción de desalojo es una afrenta al derecho de huelga de los trabajadores mineros. Estamos frente a una bomba de tiempo que el gobierno (calderonista) no ha desactivado y que puede desembocar en un conflicto social, porque todo el pueblo de Cananea está con los mineros, expresó Del Toro en entrevista con La Jornada.

Refirió que tiene información de que la Procuraduría General de la República (PGR) pretende consignar ante los tribunales averiguaciones previas en las que se acusa de diversos delitos a líderes mineros de Cananea, por lo que, dijo, ya tramitó las demandas de amparo correspondientes.

Expuso que desde la noche del pasado domingo, cuando recibieron la noticia del operativo para recuperar las instalaciones del yacimiento, el equipo de abogados del sindicato comenzó a trabajar para fortalecer la petición de que intervengan las instancias internacionales y preparar las demandas de amparo que protejan a los líderes del sindicato, ante la posibilidad de que sean detenidos.

Estamos pidiendo la intervención inmediata de la CIDH, para que dicte las medidas cautelares tendentes a evitar que el Estado mexicano siga abusando de la fuerza pública en perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores mineros, indicó.

El litigante rechazó que sea cierta la afirmación de la Secretaría de Gobernación de que el operativo de desalojo terminó con saldo blanco. Aseguró que tras la incursión de los elementos policiacos federales hubo dos mineros heridos de bala.

Sin embargo, expuso que por ahora no me es posible precisar los nombres de las personas heridas. Agregó que cuando llegaron los policías empezaron a arrojar gases lacrimógenos; hubo detonaciones de fuego. De inmediato cerraron los accesos a la mina para ocupar las instalaciones, y de eso resultaron dos personas lesionadas.

Sostuvo que el desalojo fue el ataque más frontal al derecho de huelga de los trabajadores mineros. Indicó que se trató también de una simulación de la autoridad federal, que ha hecho creer a la sociedad que la recuperación de las instalaciones de Cananea se hizo debido a la supuesta terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo entre la empresa y el sindicato, cuando en realidad no fue más que una acción policiaca que da continuidad a la represión de Estado contra el movimiento sindical minero.

Los mineros no se van a ir y buscarán recuperar las instalaciones de la mina a como dé lugar, advirtió.