Gregorio Sánchez Martínez, quien busca el gobierno de Quintana Roo, y los dirigentes de los partidos que integran Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) –PT, PRD y Convergencia– acordaron que desde la cárcel se dará continuidad a la campaña electoral del empresario.

Alberto Anaya, líder nacional del PT, explicó en entrevista que durante la visita que el sábado hizo a su abanderado en el Centro Federal de Readaptación Social Noroeste, ubicado en Tepic, Nayarit, éste le expresó que está listo para continuar –mediante el envío de cartas a la ciudadanía– y para hacer los llamamientos que sean necesarios, como parte de la estrategia electoral que impulsarán, además de mostrarse dispuesto a transparentar el origen de sus ingresos.

El petista reiteró que la izquierda agotará todas las instancias legales para demostrar que el gobierno federal da salida carcelaria a problemas políticos.

Manifestó que la detención del candidato de la coalición Todos por Quintana Roo, el pasado 25 de mayo, debe fortalecer a los partidos de Dia en la lucha por frenar la intención gubernamental de regresar a las épocas en que se usaba el asesinato político como fórmula para resolver asuntos del poder.

No puede ser, abundó, que con base en suposiciones se pretendan anular derechos políticos de los ciudadanos, y con delitos prefabricados sacarlos de la competencia, como buscan hacerlo, dijo, con el alcalde con licencia del municipio quintanarroense de Benito Juárez.

Alberto Anaya explicó que en tanto todo este asunto no sea cosa juzgada, los derechos políticos de su candidato están a salvo. “Por eso, los partidos que integramos Dia vamos a empujar su candidatura, con el reparto volantes y todo el material electoral necesario para construir la estructura electoral, con Greg desde la cárcel”, manifestó.

La dirigencia opositora está convencida de que su abanderado es inocente de los cargos que se le imputan, relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado. Confían en que las instancias electorales revertirán la decisión del Instituto Electoral de Quintana Roo, el cual acordó dar de baja al empresario como candidato, por considerar que incumple los requisitos de elegibilidad, al tener suspendidos sus derechos políticos por orden de un juez, además de dar plazo hasta este martes para nombrar a un sustituto.