La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados denunció al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por negarse a otorgar garantías mínimas de seguridad a la caravana de legisladores perredistas que pretenden ingresar a la comunidad autónoma de San Juan Copala el próximo 7 de junio, con objeto de entregar 20 toneladas de víveres.

En tanto, el titular de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, envió la siguiente misiva al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont: “Me es grato dirigirme a usted para enviarle un cordial saludo y hacer de su conocimiento que el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador general del grupo parlamentario del PRD de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, solicita el apoyo para garantizar la vida, libertad y seguridad de los integrantes de ese órgano legislativo que asistirán a la Caravana Internacional y Nacional Humanitaria al municipio de San Juan Copala, en Oaxaca, del 7 al 9 de junio.

Al respecto, se considera que la entidad responsable de proporcionar dicho apoyo es la Secretaría de Seguridad Pública, motivo por el cual se solicita que la mencionada petición sea atendida por la citada dependencia, en virtud de ser un asunto de su competencia.

En nombre de Encinas, sus compañeros Leticia Quezada, Rigoberto Salgado, Balfre Vargas y Agustín Guerrero dieron a conocer la respuesta de la administración federal y del gobierno oaxaqueño a la solicitud de medidas de seguridad, donde se exigen a los participantes documentos de identidad, calidad migratoria y papeles de vehículos, entre otros.

Quezada, vocera del perredismo en San Lázaro, insistió en la escasa voluntad del gobierno oaxaqueño para dar garantías de libre tránsito a la caravana. Vargas endureció el tono y calificó de cínica la postura de la administración de Ulises Ruiz. No obstante, aclaró: vamos a solicitar una audiencia con él para explicar que no vamos en tono de provocación, sino que será una caravana por la paz.

La vocera de la fracción parlamentaria insistió en la intimidación promovida desde el gobierno oaxaqueño que se ha constituido en violador de derechos humanos y ha emitido posturas amenazantes contra el grupo parlamentario del PRD.

Interrogada respecto de si la incursión de los perredistas en la comunidad de San Juan Copala es una acción de proselitismo, dijo: hay un problema de fondo, el de una comunidad secuestrada porque no hay garantías de seguridad del gobierno.

Entre los documentos que dieron a conocer los perredistas, Ulises Ruiz informa a Encinas que instruyó a Evencio Martínez, secretario general de Gobierno, para dar respuesta a las solicitudes.

Éste respondió el 2 de junio que en la zona de Copala desde hace más de 50 años hay un conflicto permanente y latente entre las organizaciones sociales y políticas, como las denominadas Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Uvisort) y el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), escisión del MULT.

Asimismo, es un hecho notorio que la población de la agencia de San Juan Copala no vive bajo un cerco paramilitar, sino bajo las tensiones propias de sus pugnas internas. Por ello, agrega, el contexto político y social de la región triqui, en particular, el de San Juan Copala es sumamente complejo.

Asimismo, en otros documentos, la CNDH confirmó que uno de sus visitadores acompañará a la caravana, y la PGR manifiestó disposición a participar.