El gobierno federal se deslindó de la huelga de hambre de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y afirmó que ésta no tiene como fin presionar a la administración calderonista, sino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinará si el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es constitucional.

Roberto Gil, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), manifestó que se ha cumplido con lo que les corresponde ante el ayuno prolongado, al ofrecerles una brigada de médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y mantener una amplia propuesta laboral y productiva para los ex trabajadores de LFC.

Advirtió que el gobierno no dará un paso atrás en la extinción de LFC. Con el cierre de la paraestatal, el 11 de octubre pasado, fueron despedidos 44 mil trabajadores, y de ellos poco más de 17 mil no aceptaron su liquidación, por eso mantienen demandas judiciales y movilizaciones sociales.

A continuación un resumen de la entrevista con Gil, cuya responsabilidad es coadyuvar a dar gobernabilidad al país.

–Un grupo de trabajadores ha cumplido 40 días en huelga de hambre en el Zócalo capitalino. ¿Cuál es el valor que da el gobierno federal a ese tipo de protestas?

–Respetamos la decisión de haber hecho esa protesta. La subsecretaría a mi cargo ha enviado solicitudes a Martín Esparza pidiéndole que una brigada de atención médica participe de manera permanente y dé información a los ex trabajadores, precisamente para evitar deterioros en la salud. La respuesta ha sido que (los huelguistas) ya tienen atención médica, que es brindada por el Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por un médicos de ellos. Eso significa que han hecho lo necesario para preservar su salud. El gobierno mantiene su oferta y estará atento a la evolución de esos ayunos.

–Eligieron esa forma de protesta para presionar por la devolución de su empleo, luego de la extinción de LFC. ¿Existe la posibilidad de que prospere la petición?

–Es más, doy un paso atrás: lo que ellos han dicho es que esa protesta se activó con el propósito de generar un entorno de presión a la Corte para que resuelva los amparos en la misma pretensión que han hecho valer mediante sus respectivas demandas. Eso es un dato muy importante. Nosotros hemos mantenido el diálogo con el señor Esparza y el gobierno de la República no puede asumir la posición de ellos de que se restablezca LFC.

–Entonces, ¿el gobierno federal no está dispuesto a flexibilizar su posición?

–Estará atento a cualquier disposición al diálogo, pero sí es necesario (que el SME) flexibilice su posición. Hay un estado democrático e instituciones para atender sus demandas. Por ello no parece corresponderse con la definición y las condiciones de una democracia con instituciones que pueden impartir justicia, la existencia de expresiones de protesta (como la huelga de hambre).

–El gobierno federal se desmarca de la responsabilidad de esa protesta y de la posibilidad de que alguno enferme y fallezca?

–El gobierno ha estado permanentemente atento a la evolución de esa protesta social y diversos encuentros con Esparza así lo acreditan. Sólo hacemos un llamado respetuoso a que se levante esa protesta, en virtud de que existen las instituciones para resolver los alcances y límites de los derechos de los ex trabajadores de LFC.

–Es obvio que ambas partes mantienen posturas distintas. ¿Qué sigue ante esta protesta, a la que los trabajadores le dan carácter de indefinida? ¿El diálogo no ha sido fructífero? ¿Qué hace falta para que ello ocurra?

–Se ha ofrecido a Martín Esparza todos los espacios de diálogo, las opciones laborales y productivas que el gobierno ha dispuesto como alternativa para solucionar el conflicto. En otros espacios de diálogo con Alejandro Muñoz (opositor a Esparza), esas opciones han avanzado: integración de empresas, otorgamiento de contratos públicos, franquicias, apoyo en términos de capital semilla e intermediación con empresas para que se den espacios laborales a los ex trabajadores. Esas opciones nunca antes se han presentado con esa sencillez y eficacia a ningún grupo social que haya planteado públicamente un problema. Nunca antes ha habido un despliegue de instituciones del gobierno a propósito de un conflicto. Sucede que no hay ánimo ni disposición de un grupo a asumir acciones laborales y productivas, porque su pretensión es que continúe la lógica de LFC con ese contrato colectivo de trabajo, con ese pasivo laboral y con esos costos de operación que eran inviables y no ofrecía un servicio público de calidad. Por ello, el gobierno de la República no va a dar paso atrás en una decisión que es responsable y necesaria para el país.