El gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, informó ayer en Hermosillo que estudia la solicitud hecha por un grupo de padres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la guardería ABC de destituir al procurador de justicia del estado, Abel Murrieta Gutiérrez, quien ocupó el mismo cargo durante la administración del priísta Eduardo Bours Castelo.

Los deudos acusan a Murrieta de haber protegido a los socios de la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –por sus nexos familiares y laborales con funcionarios del gobierno del presidente Felipe Calderón y del ex gobernador Eduardo Bours Castelo– cuando la investigación por la tragedia, ocurrida el 5 de junio de 2009, estaba en manos de la procuraduría estatal.

Todas esas son peticiones que estamos analizando, expresó Padrés Elías. Anunció que él y otros funcionarios estatales participarán este sábado en un acto en recuerdo de la tragedia, al cual no acudirán todos los padres de las víctimas.

Estoy atendiendo lo que dice la mayoría de los padres de familia, porque me han comunicado otros que no están de acuerdo en el evento, de modo que yo voy a acudir en ese ánimo. Agregó que Calderón no estará en los actos conmemorativos en Hermosillo.

Aunque no lo dijo, la ausencia de varios padres se debe a que no han sido castigados los culpables del incendio, aun cuando una comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya acreditó la violación de los derechos fundamentales de las víctimas, perpetrada por funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Malversación de fondos

El ayuntamiento de Hermosillo informó que dos ex funcionarios municipales acusados de malversación de fondos cometida en la construcción del mausoleo para 17 de los 49 niños muertos en el incendio deberán restituir 700 mil pesos y ser inhabilitados para ocupar cargos públicos durante un año.

Ariel de la Puente Aguilar, contralor de Hermosillo, afirmó que el caso ahora está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que determinará si se ratifica o se revierte la sanción.

Aunque no proporcionó los nombres de las personas inhabilitadas, lo que se hará hasta que concluya la fase de impugnación, se ha informado que uno de ellos es Sergio Pavlovich Camou, ex director de panteones.

De la Puente no descartó que cuando concluya el proceso administrativo la contraloría presente demanda penal contra ambos ex integrantes de la administración del priísta Ernesto Gándara Camou (2006-2009).

En la ciudad de México, senadores de PRI, PRD y PT demandaron que los funcionarios del gabinete de Calderón a los que un proyecto de dictamen la Suprema Corte señala como responsables de la violación de garantías individuales en el caso ABC sean separados del cargo con el fin de que enfrenten los procesos legales a que haya lugar, sin obstruir las averiguaciones desde su posición de influencia pública.

Ojalá no sean protegidos por su jefe, el Presidente, comentó el petista Ricardo Monreal, mientras el priísta Rogelio Rueda y el perredista Carlos Sotelo coincidieron en que el informe del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre la tragedia obliga a Calderón a remover de inmediato a Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex director del IMSS y ahora secretario de Comunicaciones y Transportes, así como a Daniel Karam Toumeh, actual titular del instituto, para no obstruir la acción de la justicia.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, celebró el informe presentado por el ministro Zaldívar, y demandó que los funcionarios federales y estatales señalados como responsables no intenten frenar ese resolutivo.

Sotelo insistió en que el Presidente colocó en la impunidad a Molinar y Karam, así como al ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, entre otros presuntos responsables del incendio.

Insistió en que deben ser separados inmediatamente de sus cargos en aras de evitar que en su posición de influencia obstruyan la actividad de los órganos jurisdiccionales.