Al considerar constitucional la subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su proyecto de dictamen, el ministro Arturo Zaldívar da un terrible paso atrás respecto a lo avanzado en el informe preliminar de la comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso del incendio de la estancia infantil ABC, de Hermosillo, Sonora, aseguró Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco.

Zaldívar está legalizando el esquema de subrogación de Santiago Levy, que es un esquema de subrogación letal y es el responsable final de la tragedia, afirmó.

Los integrantes de la Corte, agregó, tienen toda la semana entrante para estudiar el proyecto de dictamen que se discutirá en el pleno a partir del día 14, donde tendrán que poner en el centro del debate la legalización de la subrogación a particulares –como se presenta en el texto del ministro ponente– y corregirlo para dejarlo como quedó establecido en el informe preliminar elaborado en marzo por los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla.

El proyecto de Zaldívar, continuó, es un avance en la exigencia de justicia frente al tamaño del siniestro que derivó en la muerte de 49 niños y lesiones de 104 más, porque la responsabilidad se extiende a funcionarios federales como Daniel Karam, por la gestión ante la tragedia, y se precisa un conjunto de responsabilidades posteriores al incendio que tiene que ver con la situación en la que se encuentra el IMSS de los panistas.

En entrevista, el especialista y colaborador de La Jornada agregó que este modelo de subrogación del IMSS es mercantil, de lucro, armado de tal manera que “no hay ninguna garantía de que la calidad que se presta en el servicio –por estar abaratando costos– respalde una seguridad en materia de protección civil y en el desarrollo sicomotor de los niños y su debida atención por profesionales”.

Falta debatir, añadió, sobre las “estancias changarro de la Secretaría de Desarrollo Social, que Felipe Calderón ha utilizado electoralmente, que son alrededor de 8 mil 500 guarderías con presencia nacional y 230 mil niños amparados en ese esquema”.