Buenos Aires, 4 de junio El ex presidente Fernando de la Rúa fue sobreseído nuevamente en la causa en la que se lo investigó por su presunta responsabilidad en el homicidio de cinco manifestantes, durante un estallido social que comenzó al finalizar la noche del 19 de diciembre de 2001, a lo que siguió una dura represión que produjo muertos y heridos y finalmente la renuncia del ex mandatario en la noche siguiente.

El estallido reprodujo focos en todo el país dejando más de 30 muertos y unos 400 heridos y la crisis económica más severa en la historia nacional.

De la Rúa fue sobreseído en abril de 2009, pero la Cámara Federal revocó entonces la medida y exigió nuevas pruebas.

En este caso el juez federal Claudio Bonadío, después de reunir más pruebas resolvió el sobreseimiento del ex mandatario, un hombre de la Unión Cívica Radical (UCR), que logró llegar al gobierno en una alianza con movimientos de centroizquierda la que se quebró rápidamente.

En la medida tomada por Bonadío se incluye la mención expresa de que esta causa “en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado" el acusado.

El magistrado reunió las pruebas requeridas por la Cámara, las que figuran en su resolución, y además indagó a De la Rúa, a su ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y dispuso otros testimonios importantes.

Cuando se alejó del gobierno el ex presidente había dicho a periodistas que nunca ordenó la represión sino despejar la Plaza (de Mayo)para evitar disturbios severos, un término que se usa normalmente para una actuación policial disuasiva pero nunca mortal.

Después de conocer la resolución el ex presidente sostuvo en declaraciones a Radio del Plata que "está cabalmente demostrado que no tuve participación en los episodios y que no hubo del gobierno ninguna orden de represión ni de excesos", aunque admitió que el dolor de los sucesos uno lo llevará siempre.

También dijo no estar sorprendido por la medida y agregó que la justicia deberá investigar y determinar como ocurrieron “realmente los hechos" y en este caso consideró que fueron decisivos la violencia desatada y "la conspiración política, la falta de apoyo legislativo, los problemas internacionales y la actitud del Fondo Monetario Internacional".

En este aspecto señaló a Horst Köeler, quien era titular de esa institución en aquellos momentos. “ “Fue el que nos hundió", dijo firme De la Rúa, “al crear un ahogo financiero" al país.

Pidió investigar la responsabilidad de quienes organizaron los hechos violentos” y de dirigentes políticos “que trajeron grupos en el choque con la policía o entre sí y que causaron las heridas o las muertes". Además recordó que no hubo grandeza política cuando llamó a la unidad lo que hubiera evitado todo lo que pasó después.

Mencionó a un sector del peronismo (de derecha) “que encabezaba la conspiración, y quiso hacerse del poder, aprovechar la circunstancia, hostigar al gobierno y obstaculizarlo con su mayoría parlamentaria".

En algunos libros y denuncias se alude al accionar del ex presidente Eduardo Duhalde, y a otros sectores que crearon caos en el país, asaltos a supermercados, lo que se usó en otro tiempo para forzar la salida del ex presidente Raúl Alfonsín, quien también dejó su gobierno anticipadamente en 1989.

Dijo que cuando conoció sobre las víctimas asumió “la responsabilidad política pero eso no significa que puede atribuírseme una responsabilidad penal".

Por otra parte y en uno de los caso más conflictivos el próximo 7 de junio comenzarán las pericias de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, para determinar si los hijos adoptivos de la dueña del periódico y el grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble son hijos de desaparecidos durante pasada dictadura.

En ese mismo momento la Cámara Federal de San Martín tendrá que analizar el pedido de apartamiento de la jueza de la causa, Sandra Arroyo Salgado, quien ayer rechazó la recusación que le formulara el nuevo abogado de la dueña de Clarín, el ex juez Gabriel Cavallo. La magistrada actuó con firmeza pero con pruebas de todo lo actuado para enfrentar la campaña mediática y del poder, ya que en este caso algunos periodistas ligados en el pasado con la dictadura han utilizado una escandalosa desinformación tendiente a evitar la comparación genética en este caso.

Arroyo Salgado adjudicó a un afán dilatorio a esta recusación incomprensible si se tienen en cuenta todas las maniobras utilizadas para evitar este trámite desde hace ocho años.

Se trata de comparar el ADN de Marcela y Felipe, adoptados por Noble en plena dictadura militar, acudiendo a trámites irregulares y falsificaciones comprobadas. Las Abuelas de Plaza de Mayo que buscan a unos 500 niños apropiados por los militares hijos de desaparecido, son las querellantes en esta causa, que ha tenido toda clase de impedimentos, Hay temores de que se atente contra el Banco de Datos o que se intente alguna nueva maniobra. Si se aceptaran nuevas postergaciones, se perdería la posibilidad de la prueba y habría que volver a hacer una gestión similar siempre con la poderosa obstaculización detrás, que en realidad sólo logra incrementar la sospechas y la angustia de las Abuelas.