Bogotá, 4 de junio. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, denunció hoy que la jueza Jenny Jiménez, quien ordenó la encarcelación de Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) por el caso del espionaje a opositores, magistrados y periodistas, ordenó la liberación de 11 narcotraficantes el año pasado.

Mientras les dan excarcelación a los narcotraficantes, a un ciudadano como Aranguren, un funcionario de manos limpias, transparente, que combate el narcotráfico, le dan cárcel, dijo Uribe quien recordó que el ex funcionario lleva cinco días preso.

El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, reiteró que la jueza dejó el año pasado libres a 11 narcotraficantes que fueron capturados después de una intensa labor y en la cual fueron incautados más de 41 kilogramos de heroína y 164 kilos de cocaína.

El escándalo del espionaje salió a la luz en febrero de 2009 cuando una revista publicó declaraciones de ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (servicio secreto) sobre seguimientos y escuchas ilegales.

El magistrado Hernando Torres, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pidió a quienes han cuestionado a la magistrada respetar las decisiones de la justicia.

Por otro lado, el fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, desmintió que se haya citado a declarar a Freddy Padilla, comandante de las fuerzas armadas, y a un ex ministro de Defensa en el contexto de una investigación por ejecuciones extrajudicial.

A todo esto, Nicaragua concedió asilo político al colombiano Rubén Darío Granda, hermano de un jefe prófugo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, anunció el canciller nicaragüense, Samuel Santos.

El gobierno colombiano consideró como improcedente el pedido de asilo político a Granda, ya que los delitos por los que se le acusan son comunes y no políticos, declaró Jaime Bermúdez, el canciller colombiano.