Veracruz, Ver., 4 de junio. Funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) maltratan y actúan con racismo contra las mujeres que buscan obtener apoyos a fondo perdido, del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), denunciaron varias afectadas.

Los apoyos a mujeres del sector rural, para todo el estado, rebasan 15 millones de pesos y están considerados para comercio, proyectos productivos –cría y engorda de animales– y agricultura de consumo. Se han formado aproximadamente mil 500 asociaciones femeninas que intentan obtener los 150 mil pesos por cada proyecto.

Blanca Hernández Ruiz, originaria de Loma del Nanche, pequeña comunidad del municipio de Paso de Ovejas, recuerda la sorpresa que le causó la pregunta de la empleada de la ventanilla de gestión del Promusag: ¿Usted sabe lo que es la explotación de las gallinas ponedoras?.

Pues señorita, yo toda la vida he tenido mis animalitos en el rancho, se defendió. Fue inútil: la empleada le rechazó los papeles que había reunido con esfuerzo (identificaciones de otras cuatro mujeres de su asociación, uno de los requisitos), después de más de cuatro horas de espera en uno de los tantos días en que se le convocó a ir a la capital del estado a tramitar el Promusag.

Otra decena de representantes de estas asociaciones refieren a La Jornada lo que consideran racismo y maltrato del personal de la SRA, e identifican entre ellos a Raúl Rebolledo Pang, director del Promusag en Veracruz, y Laura Teherán Corrales, empleada de la ventanilla, quien incluso, aseguran, ha roto documentos y croquis de las solicitantes en la delegación estatal ubicada en la capital del estado.

Todas pertenecen a comunidades rurales; algunas tienen que transitar más de cinco horas para llegar a la capital veracruzana cada 15 días por periodos no precisos de apertura de ventanilla en los cuales las hacen esperar de pie hasta más de seis horas, indican. En la mayoría de casos dicen, son víctimas de maltrato verbal y burlas de los empleados por no reunir los requisitos , según las disposiciones no precisas.

Margarita Ortiz precisa que uno de estos son los croquis: nos piden que llevemos como un mapa con calles y digamos exactamente dónde pondremos nuestro negocio y, como verá usted, que en mi pueblo no hay calles, apenas pasa la carretera enfrente, refiere.

Teresa Hernández Báez dice: No somos mujeres de muchas letras y llegamos a la ventanilla y nos piden croquis de calles; nos dicen que falsificamos firmas porque algunas de nosotras no firmamos diario y entonces no nos sale igual, pero lo que vemos es que nos ponen trabas y trabas.

Silvia Mejía Salas comenta: nos tratan de ignorantes: a Laura, la de la ventanilla, la he visto romperle los papeles a algunas compañeras. A otra señora vi cómo la hizo llorar. Ahora nos acusan que queremos regalar el dinero a la gente que nos está apoyando.

María de los Ángeles López Castillo considera que al solicitar apoyo de un despacho de asesoría y gestoría de proyectos productivos, para que los abogados enfrentaran toda la tramitología –alguna se hace en línea– con la SRA, comenzó la guerra de los empleados de la delegación federal aquí, por un dinero que ni siquiera tienen la certeza de obtener.

“Nos atendieron groseramente la última vez y nos dijeron que nuestros asesores son coyotes y fraudulentos y nos van a robar nuestro dinero y ellos no nos han pedido un solo peso para hacer los trámites”, afirma.

Anastacio Contreras Mendoza, del despacho de asesoría, di-jo que ellos retomaron los trámites que estas mujeres ya hicieron con la dependencia federal porque detectaron que personal de la SRA ha dado entrada a solicitudes para el otorgamiento de estos fondos, ya disponibles, a organizaciones que ni siquiera se presentan a ventanilla y por lo cual no se sabe a quienes les están dando prioridad.

Otras entrevistadas que coincidieron con estas denuncias son Cirila Pérez Campos, Irene López Barradas, Eduarda Peguero Blanco, Graciela Rodríguez, Gabriela Vázquez Sánchez, Mariana Ortiz y Concepción Rodríguez Marín.