os señalamientos formulados ayer por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio Irazábal, quien responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal por no haber intervenido durante la manifestación de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pasado jueves, ponen en evidencia una lamentable propensión de las autoridades federales a eludir sus responsabilidades en la configuración de problemáticas y conflictos políticos diversos, como el que se vive en el magisterio.

Sin dejar de reprobar los daños causados al edificio de la SEP por algunos manifestantes, cabe señalar que los reproches lanzados por Lujambio Irazábal por la supuesta actitud omisa de las autoridades capitalinas pareciera un intento por trasladar a otros niveles de gobierno la responsabilidad que recae en la dependencia que él encabeza. A fin de cuentas, la presencia de los profesores disidentes en esta capital se deriva de la falta de capacidad y voluntad federales para resolver un conflicto de índole sindical; en ese sentido, no puede soslayarse que la arremetida contra el edificio de la SEP se produce luego de 11 días de que los integrantes de la CNTE iniciaron un plantón en el Zócalo, a más de un mes de que entregaron un pliego petitorio a las autoridades educativas y tras intentos infructuosos de lograr una audiencia con el propio Lujambio.

Adicionalmente, el que un secretario de Estado se permita semejante hostilidad contra las autoridades capitalinas exhibe una lamentable falta de decoro institucional y pone de manifiesto preocupantes rasgos de autoritarismo en el grupo gobernante.

Por otro lado, las movilizaciones magisteriales del pasado jueves en el centro de la capital tienen un elemento de contexto insoslayable: el acuerdo político entre el gobierno de Felipe Calderón y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por Elba Esther Gordillo.

Ante el exasperante panorama de descomposición, patrimonialismo y clientelismo con que opera el grupo controlador de esa organización, resulta paradójica la condena expresada por Lujambio contra quienes destruyen los bienes culturales del país, en alusión a los manifestantes que dañaron el inmueble referido: la entrega a la dirigencia gordillista de los ciclos de enseñanza a cargo del Estado tiene una inocultable relación causal con el rezago de la educación y, en última instancia, con el desarrollo cultural del país.

Como se señala en un informe reciente del relator especial de la ONU para el Derecho a la Educación, la connivencia entre la SEP y el SNTE revela una subordinación recíproca de funciones atípicas en cada una de las partes, que ha agregado gran complejidad al panorama educativo.

En la circunstancia actual, la persistencia de dicho pacto ha exacerbado la división y la tensión al interior del magisterio, y ha descalificado a las autoridades federales como interlocutores confiables ante el conjunto de los trabajadores de la educación.

En suma, es en la continuidad de la alianza impresentable entre la dirigencia del SNTE y las autoridades federales donde se gestan buena parte de las expresiones de inconformidad y descontento magisterial, y esa persistencia constituye un daño mucho más grave a la riqueza nacional que el causado por los profesores disidentes al edificio de la SEP.