Magistrados y diputados federales se reunieron en Washington con autoridades del gobierno de Estados Unidos para evaluar el sistema de testigos protegidos en México, cuya esencia se ha desvirtuado a grado tal que los funcionarios federales utilizan a un delincuente para elaborar acusaciones contra capos o integrantes del crimen organizado que no están vinculados a delitos específicos.

Arturo Zamora, diputado del PRI e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, expuso que los magistrados y legisladores mexicanos coincidieron en que la mentira se ha convertido en el sustento de los testigos protegidos, quienes por salvarse de los señalamientos en su contra deciden inmiscuir a personas en delitos que les son ajenos.

Los integrantes de la delegación mexicana se manifestaron por la urgencia de impulsar una reforma penal secundaria, porque en el ámbito de la justicia penal de Estados Unidos, el índice de impunidad es notoriamente bajo. En México, la impunidad llega casi a 94 por ciento, lo que significa que de cada 100 delitos realmente se castigan seis, y en el caso de Estados Unidos de cada 100 ilícitos que se denuncian terminan por sancionarse poco más de 90.

El representante priísta consideró urgente revisar el sistema de justicia adversarial, los juicios orales y la figura del testigo protegido. Este último en vigencia en México a partir del 15 de octubre de 1996, al ser aprobado en el Senado de la República con una votación de 101 legisladores a favor y uno en contra, aunque se ha tergiversado.

“El testigo protegido en el sistema de justicia penal de Estados Unidos es muy diferente a como se ha manejado en el caso de México, de tal suerte que allá realmente se le aprovecha y se le utiliza para la efectividad de un juicio, y además, cuando declara un testigo, no solamente se toma en cuenta su declaración sino que ésta se tiene que corroborar con hechos fehacientes, evidentes que comprueben perfectamente su dicho.

Por el otro lado, en México tal parece que los testigos protegidos prácticamente son testigos profesionales, porque ya se les está tratando de utilizar para todo tipo de juicios, en todos los tiempos y momentos, lugares y personas; de ahí que entonces el problema es que se puedan desprestigiar algunas de las figuras de nuevo cuño de la legislación mexicana.

–Aquí lo que menos certeza tiene son las declaraciones de los testigos protegidos –se le comenta al legislador.

–Ellos, en aquel sistema no pueden ser anónimos, tienen que ser testigos protegidos evidentes; el día de la audiencia preliminar los testigos se presentan, son interrogados, son careados con el acusado, y eso es lo que da lo que se llama certeza para llegar a la verdad; entonces es una de las cosas que le han permitido eficacia y eficiencia a este sistema de justicia. Si un testigo protegido declara falsamente se le aplican las penas del delito de perjurio.

De tal suerte que, normalmente, los testigos protegidos, como son delincuentes, personas que están tratando de protegerse de los ataques de sus propios grupos criminales, muchas veces lo hacen para recibir la protección del Estado, pero aquí no aportan información certera o verdadera. También hay que recordar que en Estados Unidos el delito de perjurio tiene penalidades muy elevadas.

–¿Cuál es el nivel de impunidad en México comparado con Estados Unidos?

–Prácticamente tenemos un nivel de impunidad de 94 por ciento, y en Estados Unidos ese nivel no rebasa 10 por ciento; esto realmente nos llamó poderosamente la atención y tiene mucho que ver con la eficacia, la eficiencia de los procedimientos penales.

Los procedimientos en nuestro país pueden durar tres, cuatro años, en tanto que en Estados Unidos el tiempo máximo desde que se inicia un juicio en contra de una persona es máximo seis meses; entonces, hay certeza jurídica, hay penas oportunas, hay sanciones que se dan a conocer o que se llevan a cabo en juicios orales ante jurados populares, jurados donde interviene la sociedad y la misma sociedad se entera de que alguien que ofendió a la sociedad recibe el castigo en su momento.