tres días de que se cumpla un año del incendio de la guardería ABC –subrogada a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)–, en el que murieron 49 niños y más de 70 resultaron heridos, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, se reunió ayer en la residencia oficial de Los Pinos con un grupo de padres y madres de las víctimas.

El encuentro que se comenta reviste aspectos impresentables tanto en la forma como en el fondo. Al igual que como ocurrió el 30 de abril pasado, la reunión de ayer estuvo marcada por la ausencia de la mayoría de los familiares de los muertos en el incendio. Horas antes, los padres excluidos informaron, por medio de un comunicado, que la invitación al encuentro se realizó en forma indirecta y por medio de terceras personas, y luego de diversas solicitudes infructuosas para que el titular del Ejecutivo federal se reuniera, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con la totalidad de las familias afectadas. Tales elementos dejan ver una actitud parcial y selectiva por parte de las autoridades en la atención a los deudos de las víctimas, y refuerzan la impresión de que el gobierno federal alienta la división entre los progenitores de los niños fallecidos.

La cita referida tiene lugar, por lo demás, en el contexto de una exasperante falta de voluntad de esclarecimiento y procuración de justicia, tanto de las autoridades estatales como de las federales: desde los primeros indicios de que la tragedia del 5 de junio ocurrió por la imprevisión, la indolencia y la corrupción, debió emprenderse una investigación cabal y oportuna que condujera al deslinde de responsabilidades y al establecimiento de las sanciones correspondientes. Sin embargo, a la conducta errática y tardía inicial de las autoridades para hacerse cargo de tales pesquisas –días después del incendio, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, advirtió que nadie iría a la cárcel como consecuencia de las muertes de los menores– se ha sumado, en los meses siguientes, una inacción injustificable para imputar responsabilidades penales o administrativas a los altos funcionarios involucrados, pese a que éstos han sido señalados en el informe del caso que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esas conductas han dejado claro que hay renuencia de los niveles federal y estatal de gobierno a llevar a juicio a los copropietarios de la guardería ABC –entre quienes se encuentran personajes considerados influyentes por su parentesco con funcionarios del gabinete del ex gobernador sonorense Eduardo Bours y con la esposa del titular del Ejecutivo federal, Margarita Zavala–, pese a que la propia PGR giró desde julio del año pasado las órdenes de aprehensión correspondientes.

Por lo demás, el caso ABC pone de manifiesto un escandaloso extravío de los aparatos de procuración e impartición de justicia en el país, eficaces para llevar a la cárcel a mujeres indígenas a las que se les inventan delitos, pero del todo inútiles cuando se trata de investigar a los poderosos y a sus parientes. En este sentido, el aparente designio de impunidad para los responsables de la catástrofe de Hermosillo no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de conducta en el que convergen el abuso del poder, la fabricación de culpables, el empleo faccioso y discrecional de las leyes, la corrupción y la discriminación.

A la luz de los elementos de juicio disponibles, la reunión que tuvo lugar ayer en Los Pinos se presenta a la opinión pública como un ejercicio de simulación y encubrimiento ante una realidad lacerante y dolorosa. En tanto que estos ensayos discursivos no vayan acompañados de un viraje en el manejo del tema –comenzando por un trato igual e imparcial para las familias de las víctimas–, no se podrá resarcir el dolor, el agravio y la indignación provocados desde hace un año a la sociedad sonorense y nacional, ni se podrá remontar el descrédito monumental que padecen las instituciones.