Martes 1º de junio de 2010, p. 31
Mexicali, BC, 31 de mayo. El gobernador José Guadalupe Osuna Millán vetó una reforma al Código Penal de Baja California que permutaba la pena de cárcel por sanción económica a padres divorciados que incumplieran con el pago de pensión alimentaria.
Diputados locales de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social aprobaron reformas al artículo 235 del Código Penal para evitar penas corporales a los padres separados que dejaran de pagar la manutención de sus hijos.
En conferencia de prensa, Osuna Millán dio a conocer que dichas reformas no se publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y que envió una serie de observaciones a la Cámara de Diputados local, por considerar que se deben aplicar sanciones más fuertes
a los padres que incumplan.
En lugar de penas hasta de cinco años de prisión, las reformas proponían multas de entre 500 y 2 mil 500 pesos, lo que provocó la reacción de varias organizaciones sociales, entre ellas Diversa, cuya presidenta, Rebeca Maltos, señaló que los legisladores privilegiaban la irresponsabilidad caso, y dejaban desprotegidos a mujeres y menores de edad.