Hace tres semanas la juez federal Florida López Hernández, con sede en Cholula, Puebla, amparó al secuestrador César Freyre Morales, tras considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) no aportó pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad penal en la muerte e inhumación del cuerpo de Rugiero Martínez Báez, cuyos restos fueron encontrados el 21 de abril de 2006 en Cuernavaca, Morelos, en una fosa clandestina en una propiedad del propio imputado.

En un principio, las autoridades creyeron que la osamenta correspondía a Hugo Alberto Wallace, secuestrado en 2005 en el Distrito Federal, de quien a la fecha se desconoce su paradero.

Ayer, en conferencia de prensa, la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que investiguen a esa juez por posibles actos de corrupción o ineptitud, pues, aseguró que las autoridades ministeriales presentaron un caudal de 38 pruebas de cargo, entre ellas varias testimoniales que demuestran la plena responsabilidad de César Freyre, secuestrador de mi hijo, en el homicidio de Rugiero Martínez.

Miranda también acusó de presunta negligencia o corrupción de parte del también juez federal Augusto Octavio Mejía Ojeda, con sede en el Reclusorio Norte, en la ciudad de México, debido a que en enero pasado impuso penas mínimas a los plagiarios de su hijo.

Hace cinco meses, la presidenta de Alto al Secuestro hizo el primer pronunciamiento público en contra de Mejía Ojeda, quien sentenció a Juana Hilda González Lomelí, una de las secuestradoras de su hijo, a 28 años de prisión, cuando la PGR pidió una condena en contra de ésta de 60 años de cárcel.

Durante la rueda de prensa de ayer, Wallace sostuvo respecto al amparo otorgado a Freyre –quien permanece preso para cumplir una sentencia de 40 años por el secuestro de Hugo Alberto Miranda– que la juez López Hernández borró cuatro años de lucha legal, dejando impune el asesinato de Rugiero Martínez, esto a pesar de las pruebas presentadas en contra del delincuente.

Se fomenta el transitar por un camino muy peligroso que desgraciadamente cada día vemos más frecuente, el que las personas se hagan justicia por su propia mano, destacó la activista.

Por ello, hizo un llamado a la Cámara de Diputados a realizar con urgencia las reformas al sistema penal para evitar que jueces y magistrados vivan en la impunidad.