El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que difunda el contenido del contrato colectivo de trabajo (CCT) 2008-2010 celebrado entre Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a fin de que se valore si las prestaciones otorgadas a los ex trabajadores son onerosas, como sostiene el gobierno federal.

Sin embargo, el órgano garante de la transparencia ratificó la reserva por 12 años de los documentos denominados Luz y Fuerza del Centro, Diagnóstico, Agosto de 2009 y el acta de la Primera sesión extraordinaria de la Comisión intersecretarial del gasto público, financiamiento y desincorporación, 2009, instancia encabezada por Hacienda e integrada por las secretarías de la Función Pública, Energía, Desarrollo Social y otras. La reserva se fundamentó en lo argumentado por la STPS: dar a conocer el contenido de los documentos compromete la seguridad nacional y la seguridad pública de México.

Según la STPS, su difusión podría causar la destrucción o inhabilitación de infraestructura de carácter estratégico y poner en riesgo la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, entre otras consecuencias.

Para probar su dicho, señala la renuencia del SME a reconocer el decreto de extinción como sustento para la terminación laboral con los 44 mil 514 electricistas, pese a que han recibido su liquidación 28 mil 190 (63 por ciento del total).

La STPS advirtió que los 16 mil 324 electricistas que se han negado a cobrar continúan apoyando las demandas del SME, número que no es posible soslayar . Además, el conflicto ya ha sido utilizado políticamente por diversos actores políticos y agrupaciones sociales, cuya intención pareciera no sólo mantenerlo, sino avivarlo a favor de sus intereses específicos. No precisa qué actores.

Para acreditar los alcances del conflicto, la STPS arguyó que la PGR ya ha iniciado, por hechos de naturaleza presuntamente delictiva suscitados con motivo de la expedición del decreto, 250 averiguaciones, 26 actas circunstanciadas y 19 causas penales.

Según la STPS, esos averiguaciones confirman que el conflicto derivado de la liquidación de LFC, es altamente volátil y sus consecuencias pueden afectar directa y gravemente el orden público y la estabilidad social.