En las dos semanas que han transcurrido desde el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), se pasó abruptamente de la movilización de militares, marinos y policías federales, estatales y municipales encargados de buscar al político por todo el país, a la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de suspender la indagatoria.

También en estos días se ha pasado de un gran despliegue mediático a la falta de información oficial sobre el caso y, en muchos casos, al silencio total de empresas informativas que optaron por no hablar más del tema.

En ese lapso han sido nulos los avances de las investigaciones que se iniciaron en la Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJQ) y que una semana después fueron atraídas al ámbito federal. Por ahora quedan más dudas que respuestas sobre lo que realmente motivó a plagiar al militante panista.

Además, en este tiempo, lo que ha dominado sobre el caso del jefe Diego es una suerte de velo informativo impuesto por las autoridades federales y estatales, tres días después de ocurrida la privación ilegal de la libertad del panista.

El propósito de esa estrategia de silencio, según lo ha expuesto de manera oficial la PGR, es que los medios de comunicación no difundan información del incidente sucedido en una finca del poderoso abogado, con la finalidad de que no peligre la vida del litigante.

Durante estos 15 días se ha hecho público, mediante versiones no confirmadas aún por las autoridades, que los captores del político ya se han comunicado con la familia Fernández de Cevallos, al menos en una ocasión, aunque aún se desconoce públicamente cuáles son las pretensiones de los victimarios.

También circuló una fotografía en la que aparece una persona con rasgos físicos parecidos a los de Diego Fernández, con los ojos vendados y sin camisa. Para unos expertos de la PGR y la PGJQ en materia de identificación de rostros, la persona que aparece en la fotografía corresponde a la fisonomía del militante panista. Para otros, se trata de un fotomontaje.

La fotografía se hizo llegar de manera anónima el pasado 20 de mayo a algunos periodistas y luego circuló en las redes sociales de Internet. Sin embargo, hasta hoy ninguna autoridad ha confirmado o desmentido que esa fotografía sea auténtica. Tampoco la familia.

Los hechos

El pasado 15 de mayo, como a las 11:00 horas, comenzó a correr el rumor en círculos policiacos de Querétaro y el Distrito Federal sobre la desaparición del jefe Diego.

Fue hasta las 14:30 horas cuando la PGR confirmó la desaparición del ex legislador. Se supo que el abogado había llegado la noche del viernes anterior, aproximadamente a las 22:50 horas, a su finca La Cabaña, ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, a 40 kilómetros de la ciudad de Querétaro. Allí habría sido interceptado por al menos tres personas, quienes al parecer sabían que el ex legislador tenía un dipositivo de localización satelital en alguna parte del cuerpo. Después de quitarle el chip se lo llevaron.

Cerca de la camioneta del panista –Cadillac Escalade EXT, pick-up– se encontró una mancha de sangre que hoy se sabe corresponde al político panista.

Casi al mismo tiempo, en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente Felipe Calderón se preparaba para una visita a España. En esos momentos se dijo que el presidente cancelaría la gira. Sin embargo, esto no sucedió. La salida sólo se retrasó una hora. Antes del vuelo, la Presidencia de la República dio a conocer un comunicado en el que se lamentó el secuestro del panista.

Al mismo tiempo, se divulgó con profusión todo tipo de especulaciones. Por ejemplo, Manuel Espino Barrientos, ex presidente del PAN, dijo por Twitter que Diego estaba muerto y que su cadáver había sido llevado a la 17 Zona Militar, con sede en Querétaro. Otro rumor refería que el político había sido golpeado pero que ya estaba en recuperación en un hospital. Al final del día, después de tres comunicados de la PGR, sólo fue confirmada la desaparición del abogado.

De inmediato la noticia rebasó fronteras.

El 16 de mayo, en Madrid, durante una conferencia de prensa celebrada al final de la quinta Cumbre Unión Europea-México, Felipe Calderón y José Luis Rodrígez Zapatero, presidente del gobierno de España, se refirieron al caso.

Diego Fernández de Cevallos en imagen de archivoFoto Carlos Cisneros

El mandatario español se pronunció por la pronta liberación del político secuestrado. Calderón también mencionó la palabra secuestro y desde el país ibérico le envió un mensaje al político: Diego, tus hijos muestran valentía y entereza.

También el gobierno de Estados Unidos, según un despacho noticioso de la agencia Notimex, lamentó el 17 de mayo la desaparición del político mexicano y reiteró su compromiso de colaborar con México en la lucha contra la criminalidad.

Fue ese día cuando en México se dio el primer pronunciamiento de la familia Fernández de Cevallos. El ex titular de la PGR, Antonio Lozano Gracia, socio y amigo del jefe Diego, dio lectura a un comunicado en que los familiares del político llamaron a sus captores a negociar. Desde ese momento se consideró que el vocero oficial de los Fernández es Lozano Gracia.

Los medios de información comenzaron a difundir diversas hipótesis y conjeturas sobre lo ocurrido en el rancho La Cabaña.

Ante la falta de datos de las autoridades, se habló desde un secuestro por razones económicas; una venganza profesional o personal; una señal del crimen organizado; un secuestro de Estado; la captura con fines de intercambio (el 14 de mayo, mismo día en que fue secuestrado el jefe Diego, se difundió el rumor de que había sido detenido en Jalisco Ignacio Nacho Coronel, uno de los hombres más cercanos al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán); una acción de la guerrilla (aunque el Ejército Popular Revolucionario se deslindó de inmediato) o hasta un simple robo.

La versión del intercambio del jefe Diego por Nacho Coronel perdió fuerza cinco días después del plagio, luego de que voceros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Armada de México dijeron a este diario que no tenían registro de la captura de ese capo de la droga.

Por la noche del 17 de mayo, durante la transmisión del principal noticiario del consorcio Televisa se leyó un comunicado en el que la empresa expresaba la decisión editorial de no volver a informar (del caso Diego) hasta su desenlace.

Al siguiente día, el anuncio de Televisa causó críticas de académicos y comunicadores, quienes consideraron que la empresa ejerció una especie de autocensura con el propósito de secundar la petición de silencio del gobierno federal, mas no de proteger la vida del panista.

La posición de Televisa también desató una ola de rumores y versiones periodísticas sobre la posibilidad de que el supuesto secuestro de Fernández de Cevallos hubiera tenido una motivación política, como la probabilidad de eventuales propósitos de construir –a partir de la tragedia personal del jefe Diego– una candidatura de emergencia panista rumbo a 2012 que el PRI apunta a ganar sin mucha competencia, según los escenarios actuales.

Esa versión cobró fuerza sobre todo desde que Acción Nacional colocó en la ciudad de Querétaro anuncios espectaculares con la frase: Diego, estamos contigo. Sin embargo, esas voces se acallaron el jueves 20 de mayo, después de que lo decidió la directiva del partido blanquiazul.

Fue ese día cuando circuló la fotografía en que se observa al supuesto Diego Fernández con los ojos tapados.

El 21 de mayo, 24 horas después de que se hizo público el contenido de esa foto, la familia Fernández de Cevallos emitió un segundo comunicado en el que pidió a las autoridades suspender las pesquisas.

Al día siguiente, la PGR aceptó los términos de los Fernández e informó en un comunicado que las investigaciones quedaban suspendidas.

Las reacciones a la determinación de la PGR no se hicieron esperar. Juristas, legisladores y hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestionaron la decisión de la autoridad e, incluso, la calificaron de ilegal e indebida, ya que el delito de secuestro se persigue de oficio y ninguna autoridad ministerial puede suspender ese tipo de pesquisas.

Hace dos días, en gira por Canadá, el presidente Calderón justificó la decisión de la PGR al mencionar que la legislación mexicana sí permite suspender provisionalmente la realización de diligencias ministeriales.