omo todos los años por estas fechas, el jueves Amnistía Internacional (AI) presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos del año anterior (2009). Ese mismo día La Jornada publicó un balance de las principales consideraciones de la organización a escala mundial y regional, y sobre sus datos y reflexiones más importantes acerca del caso mexicano.

Vale la pena sin embargo añadir lo que el secretario general interino de AI afirma en la introducción sobre el estado que guardan hoy en el mundo los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Con el amplio elenco de situaciones y datos con los que la organización cuenta de primera mano, Claudio Cordone expresa que esos derechos se encuentran todavía en mayor desventaja que las garantías civiles y políticas en cuanto a la rendición de cuentas a la que están obligados los estados y gobiernos.

Ello hace que sus políticas contra la pobreza no vayan a la raíz de los problemas, y que probablemente en septiembre, cuando los dirigentes del mundo se reúnan en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para examinar los avances en sus compromisos para mejorar la vida de los pobres en el planeta, nos encontremos lejos de haber alcanzado las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Todo lo cual exige que así como se invirtió gran cantidad de energía y creatividad a escala internacional para generar una Corte Penal y mecanismos que hagan más exigibles y justiciables los derechos civiles y políticos en todos los países, se haga ahora el mismo esfuerzo para incorporar una mayor rendición de cuentas en un orden económico y político mundial que hace caso omiso de todos los derechos humanos.

Aunque reconoce la importancia de la firma del Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en septiembre del año pasado, que establece por primera vez un mecanismo para la presentación de quejas individuales en relación con violaciones a los DESC, y apoya los esfuerzos que en cada país se hagan para garantizar recursos efectivos en favor de las víctimas, para la organización deben existir también mecanismos internacionales eficaces para obligar a los estados a que rindan cuentas en cuanto al cumplimiento de sus promesas en los ODM, y proporcionarse recursos efectivos para exigírselas cuando hayan incumplido su deber.

Para ello deben tomarse en cuenta plenamente las opiniones de las personas que viven en pobreza y asegurarse un escrutinio adecuado de las acciones de aquellos gobiernos que aplican políticas internas, incluso con repercusiones internacionales, que socavan la realización de los derechos fundamentales contenidos en los Objetivos del Milenio. “Todos los gobiernos, pero sobre todo los del G-20 (entre los cuales se cuenta a México), que reclaman mayor protagonismo en el liderazgo global –afirma el secretario general interino de AI–, deberían responder sobre si sus políticas se traducen en mejoras tangibles en la vida de los pobres del mundo”.

Para la organización no es excusa suficiente la limitación de recursos económicos para que los gobiernos cumplan con sus obligaciones en el acceso de las personas al goce de sus derechos sociales, pues por lo menos en relación con algunos de ellos, como la prevención de la mortalidad materna por complicaciones relacionadas con el embarazo, se comprueba en varios casos que su cumplimiento no es un simple reflejo de la pobreza o riqueza con las que cuentan.

Para la organización el aumento en la rendición de cuentas por la negación de los DESC se ha vuelto tanto más importante, cuanto que en la actual crisis económica, alimentaria, energética y financiera son los pobres quienes más han aumentado en número y más sufrido las consecuencias, y por ello el respeto de todos los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, deben ser parte esencial a escala nacional e internacional de todas las respuestas que se den a estas crisis.

La organización sin embargo advierte con toda razón que no son exclusivamente los gobiernos quienes contribuyen a ellas, sino también demasiadas empresas que se aprovechan de la ausencia de normas efectivas o trabajan mano a mano con gobiernos abusivos y a menudo corruptos con consecuencias demoledoras. Y observa con agudeza que en los pasados 15 años se ha venido ampliando la esfera de protección legal de los intereses económicos globales, mediante una serie de acuerdos internacionales de comercio e inversión respaldados por mecanismos destinados a hacerlos cumplir, al margen desde luego de las obligaciones en derechos humanos de los estados.

Así, mientras los intereses económicos han logrado que la ley trabaje en su favor, las personas perjudicadas por sus operaciones han visto con frecuencia que la ley se bate en retirada frente al poder empresarial.

Como el comercio global funciona en una economía global, aunque en ausencia de un estado de derecho universal –expresa con toda claridad la organización–, todavía son excepcionales las empresas que rinden cuentas de sus actividades de manera significativa, y los intentos por garantizar justicia se malogran por sistemas judiciales ineficaces, falta de acceso a la información, intromisión de las empresas en los sistemas reguladores y jurídicos, corrupción y poderosas alianzas entre empresas y estados. Lo que refuerza la acción creativa de la sociedad civil en la promoción y defensa de todos los derechos humanos, indivisibles e interdependientes, frente a todos los agentes estatales y no estatales.