res casos de nota roja –el brutal asesinato de Paulette Gebara Farah, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el encarcelamiento de Gregorio Sánchez Martínez, Greg, candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo– vuelven a exhibir los profundos vínculos de complicidad que hay entre los empresarios dueños de México, los políticos que los sirven desde el poder y el crimen organizado. Y explican, asimismo, la desaparición del estado de derecho, la guerra civil que avanza por distintas regiones del país y la certeza de que vivimos un proceso de transformación irreversible: nada volverá a ser como antes.

Chiapaneco avecindado hace muchos años en Quintana Roo, predicador evangélico que en sus mítines religiosos llamaba a sus huestes el pueblo de Dios, estafador acusado por un robo de 10 millones de dólares y por tratar de privatizar ilegalmente el malecón de Cancún, aparte de sospechoso de fomentar el tráfico de balseros cubanos, Greg se había revelado hace tiempo como una verdadera fichita.

Jaime Montejo, dirigente de Brigada Callejera, organización nacional protectora de los derechos humanos y civiles de distintas agrupaciones de sexoservidores, escribió en su blog dos días después de la captura: “La detención del ex alcalde perredista fue recibida con beneplácito por trabajadoras sexuales que fueron objeto de intimidación, hostigamiento, extorsión, agresiones físicas, robo y allanamiento de morada, cuando elementos de seguridad pública [de Cancún], comandados por Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, arremetieron contra ellas para expulsarlas de la supermanzana [colonia] 63”, en 2009.

El Vikingo fue detenido por haber participado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, baleado el 3 de febrero de 2009. Al recordar estos sucesos, agrega Montejo, “los medios de comunicación olvidan el asesinato de la trabajadora sexual Greici Lizbeth Vargas Rivera, de 19 años, decapitada el 28 de noviembre de 2009 después de declarar en el Ministerio Público del fuero común, donde aportó pruebas contundentes que implicaron a Joel Cantera Torres, uno de los hombres que ejecutó al comandante Miguel Ángel Puch de la Cruz”.

Todos esos crímenes fueron atribuidos a uno de los cárteles con los que ahora la PGR asegura que está ligado Greg. Pese a las múltiples, reiteradas y bien documentadas advertencias que acerca de tan cautivador político leyeron en este diario entre enero y marzo del año actual, Manuel Camacho y Jesús Ortega se obcecaron en lanzarlo como candidato a gobernador de Quintana Roo y, al hacerlo, sellaron para siempre su destino. Hasta el martes pasado, Greg era de ellos; ahora, ellos son de Greg. Van juntos, nadie sabe hacia dónde.

Diego: estado de excepción

A quienes se llevaron a Fernández de Cevallos, el gobierno y Televisa –uno no investigando, otra no hablando del asunto–, resolvieron darles todas las comodidades para negociar un acuerdo que permita su devolución. Catorce días después del secuestro, lo poco que se sabe rasgó, para decirlo con estilacho, el velo del misterio. El iracundo remedo de conquistador español fue atrapado por alguien que tiene informantes de primera mano dentro de su bufete de abogados –al que pertenecen el secretario de Gobernación y el procurador general de la República– o dentro de su familia.

Quienes lo sorprendieron en su hacienda de Querétaro sabían que llevaba un chip de localización satelital subcutáneo y se lo quitaron. Dos días más tarde se enteraron de que el general Arturo Acosta Chaparro había sido contratado para buscarlo, y lo balacearon para alejarlo del asunto. Estos dos detalles bastan para ayudarnos a entender que se trata de un ajuste de cuentas en la cúpula de la mafia política, alrededor de una pieza clave del grupo del que también forman parte Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, cuya candidatura presidencial se desmorona a medida que salen a flote más y más evidencias de que su gobierno encubre a los asesinos de la niña Gebara Farah.

Manchas de sangre

La noche del 30 al 31 de marzo, 10 días después de la desaparición de Paulette, Jorge Rojas González, perito en ingeniería civil de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), al inspeccionar la habitación de la menor comenzó a quitar el edredón y las sábanas de la cama. Todo fue grabado por una cámara de video, que registró el momento exacto en que descubre la primera mancha de sangre y dice en voz alta: La madrearon, güey. En seguida, ante manchas más gruesas, repite: La madrearon.

Pocos instantes más tarde, levanta la última sábana y destapa, entre la piesera y el colchón, el cuerpo de la pequeña. Alguien tose, agredido por la pestilencia que despide el cadáver, y el perito comenta: Está bien putrefacta. La escena está disponible en Youtube. El 31 de marzo, muy temprano, la PGJEM emitió un boletín para anunciar que fue encontrado el cuerpo de Paulette, dentro de una bolsa negra, durante la reconstrucción de hechos en presencia de los padres.

¿No es alucinante? El video y el boletín pueden consultarse en Google. Y a pesar de la contradicción entre uno y otro, las televisoras guardaron silencio, y acompañaron al procurador mexiquense Alberto Bazbaz en su cínica, y ahora muy sospechosa, fabricación de mentiras. A sabiendas de que la niña había sido privada de la vida con violencia –las manchas de sangre y la exclamación del perito lo demuestran–, Bazbaz permitió que se manipulara no sólo la verdad sino también el cadáver.

¿O acaso ya olvidamos la célebre foto en que la criatura aparece debajo de la cama, en el tapete de su cuarto? ¿Quién la puso allí, para que la retrataran? Y lo que todo el país repite, ¿cómo es que su mamá y su tía durmieron varias noches en esa cama, que las empleadas de la casa tendían cada mañana, y nadie la vio, ni sintió su olor? ¿Y qué hay del cuento de los perros que huelen a los vivos pero no a los muertos? Todo se resume en una palabra: encubrimiento oficial.

A punto de cumplirse un año del incendio que mató a 49 niños en la guardería ABC de Sonora, en las redes sociales de Internet crece la convicción de que Paulette fue víctima de un asesino, pero también de que éste sigue libre gracias a Bazbaz. A la destitución del ex procurador debe seguir una investigación a fondo, que esclarezca su responsabilidad en el caso y la del gobernador del estado. Antes de que aparecieran esas manchas de sangre bajo la colcha y las sábanas de Paulette, y el revelador y espontáneo comentario del perito –la madrearon, güey–, la horrorosa historia hablaba de la ineficacia de quien se siente ya sucesor de Calderón.

Hoy, gracias al incontrovertible testimonio de ese video, sabemos que Paulette fue asesinada con algo que le provocó una hemorragia externa; que Bazbaz dijo que la causa del deceso había sido la asfixia; que las plumas mercenarias del régimen lo defendieron hasta el día de su despido. Y que la televisión también se hizo cómplice al proteger a Peña Nieto en virtud de los millonarios contratos de publicidad que sostiene con él. ¿Se imaginan si hubiesen agarrado al procurador del Distrito Federal en una mentira como ésta? Habrían repetido el video hasta que nos lo aprendiéramos de memoria...

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