Nezahualcóyotl, Méx., 28 de mayo. Al menos cinco ambientalistas y tres funcionarios del gobierno federal vinculados con la inspección de áreas naturales protegidas han sido asesinados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y otros han sido torturados, informó Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quien demandó esclarecer todos estos homicidios.

El jueves 20 de mayo, recordó, fueron asesinados Juan García Xingu y Bernardo Sánchez Venegas, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y Valentín Reyes García, empleado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como el poblador Isidro Luna Alonso, cuando investigaban el daño ambiental presuntamente provocado por la compañía canadiense Genco Resources en Temascaltepec, a 60 kilómetros al sur de Toluca, estado de México.

Alanís Ortega criticó que la Profepa no tenga un delegado en el estado de México ni un subprocurador jurídico.

Larga lista de agresiones

El asesinato de estos tres funcionarios y su guía se suma a toda una lista de atentados contra activistas en territorio nacional, agregó.

Recordó que en 2006 fue asesinado Francisco Quiñónez, por su lucha contra la minera Peña Colorada, en Jalisco; y Aldo Zamora, en 2007 por defender las Lagunas de Zempoala, ubicadas entre los estados de México y Morelos.

A Dante Valdez lo ultimaron en 2008, en Chihuahua. Ese mismo año, Fernando Mayén tuvo la misma suerte por su lucha contra el relleno sanitario de Jilotzingo, estado de México. Mientras Mariano Barca, quien era opositor a la minera Blackfire, de origen canadiense, fue asesinado en 2009 en Chiapas .

Otros activistas, víctimas de tortura o que han salido vivos de atentados, tampoco han recibido justicia como Rodolfo Montiel, cuyo caso se litiga actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cristóbal Martínez Robles fue torturado y secuestrado en 2009 en Lomas de Mejía, Cuernavaca, agregó en su declaración.

Ante estos atropellos y el clima de inseguridad creciente, los defensores de causas sociales y la ciudadanía exigimos el esclarecimiento de todos estos hechos que en su gran mayoría han quedado en la impunidad, exigió el presidente del Cemda.

Gustavo Alanís exigió que se garantice la seguridad de los funcionarios públicos que llevan a cabo labores de defensa del medio ambiente, así como la de aquellas personas de la sociedad civil que día a día denuncian actos violatorios de la legislación ambiental y otros que van en contra de los recursos naturales.

El caso Pérez Cazales

El recuento que hizo Alanís Ortega no incluyó a Miguel Pérez Cazales, secuestrado, torturado y asesinado el 31 de octubre pasado en Morelos, en un caso que fue relacionado con intereses antagónicos a su defensa del área natural protegida del Texcal.

Respecto a los asesinatos del guía y los tres inspectores ambientales, el delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de México, Pedro Guevara Pérez, informó el martes pasado que este ataque podría estar vinculado al hallazgo de un laboratorio de drogas sintéticas.

A cuatro o cinco kilómetros del sitio en que aparecieron los cadáveres de los servidores públicos y el guía se halló una instalación clandestina con precursores químicos para la presunta elaboración de metanfetaminas y es probable que las víctimas pagaran con su vida por descubrirla, indicó.