El acceso a la salud es uno de los derechos humanos más violados en el país, pese a que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado todos los tratados y convenciones internacionales en la materia, según denuncia hecha en el foro La salud en México.

Los participantes de diversas organizaciones de la sociedad señalaron que, en los hechos, hay una violencia institucionalizada, de corrupción e impunidad que ha llegado también a las estructuras de las instituciones de salud. Se propuso la creación de una defensoría de los derechos de los pacientes, de forma urgente e independiente.

En el acto, realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se detalló que el problema en el sector, con falta de medicamentos, negligencia médica, inoperancia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), insuficiencia de recursos presupuestarios, falta de plazas, corrupción y opacidad en el manejo del presupuesto, además de hostigamiento, represión y cese de los trabajadores que se atreven a denunciar las irregularidades.

La actriz y activista en favor de los derechos humanos Ofelia Medina y el coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, José Antonio Ibáñez, inauguraron el acto. La actriz subrayó que el derecho a la salud se viola desde el momento en que 30 millones de personas que enfrentan la pobreza extrema en el país no tienen garantizado el acceso a la alimentación.

En tanto, el catedrático dijo que aunque la Universidad Iberoamericana no trabaja directamente en los litigios en materia de derechos humanos, la institución sí asume el compromiso de incursionar en la preparación especializada de profesionales que llevan estos casos, e incluso brinda asesoría y acompañan estos procesos.

También en la sesión inaugural, Ana Paula Hernández Romano, consultora del Programa de Derechos Humanos, divulgó varias datos alarmantes sobre la situación de la salud, como el que anualmente 2 millones de personas pierden su patrimonio por cubrir los gastos médicos de alguna persona de la familia, además de que cuestionó severamente el funcionamiento y los servicios aparentemente gratuitos del programa del Seguro Popular, impulsado desde la presidencia de Vicente Fox y continuado por el actual gobierno federal.

Denunció la total ineficiencia de la Conamed, que prácticamente parece tener la encomienda de proteger al médico en cualquier litigio por negligencia. La comisión forma parte del sector salud, y no se van a meter autogoles; son lo mismo, dijo en su intervención, al tiempo que detalló la total ausencia en la supervisión y control del presupuesto destinado a este sector.

Mencionó que aun cuando México ha suscrito todos los acuerdos internacionales de derechos humanos, que incluyen el derecho al acceso a la salud, en el país se viola sistemática e institucionalmente este derecho.

Se abordó también la necesidad de contemplar la integralidad de los derechos humanos como es el derecho a la alimentación, vivienda, medio ambiente sano, al agua y demás, necesarios para el cumplimiento a la integridad de las personas, como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al acto, convocado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, y el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, acudieron y participaron trabajadores del sector salud que fueron cesados por diferentes motivos.