La reforma del sistema de justicia penal requiere de certidumbre presupuestal, local y federal, ya que se debe capacitar a jueces y magistrados, mejorar las agencias del Ministerio Público y la defensoría de oficio, y cambiar a la policía, entre otras cosas, afirmó el titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, al instalar el consejo de coordinación para la implementación de estas reformas.

El mandatario advirtió que sería un error muy grande no otorgar recursos económicos a una reforma de esta envergadura, la cual también rebasa los ejercicios fiscales, que son anuales, y los tiempos de las administraciones actuales.

Se necesita tomar una decisión estratégica multianual en la que se fije con precisión qué se va a lograr año por año, por delito o región, etcétera, indicó.

El martes pasado, al participar en un foro sobre las reformas en materia penal, Ebrard Casaubon puntualizó que para este año se requiere de una inversión de 500 millones de pesos y para los próximos vamos a necesitar del orden de 3 mil millones anuales. Ésos son los recursos indispensables, de los cuales buena parte son locales, y otros tendrán que ser federales.

Para dar una idea de la magnitud de la instrumentación de estas reformas, Marcelo Ebrard equiparó a la ciudad de México con Chile. Estamos hablando de 290 mil casos que se atienden en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) cada año, que equivale más o menos a países como Chile u otros de América Latina.

El magistrado Édgar Elías Azar, presidente del TSJDF, reforzó el comentario de Ebrard: El tema de los recursos es algo muy preocupante. Chile, por ejemplo, en 2005, con valores de entonces, gastó más de 8 mil millones de pesos.

Precisó: el sistema judicial chileno es del tamaño de la ciudad de México, y el de Colombia es ligeramente menor.

Miguel Ángel Mancera Espinoza, titular de la Procuraduría General de Justicia de la capital, recordó que la instalación de este consejo es por mandato constitucional. La consejera jurídica y de servicios legales, Leticia Bonifaz Alfonzo, explicó que continúa la capacitación para implementar los juicios orales.

En un edificio que se tiene en la calle de Izazaga se construyó una sala donde hacemos simulación de juicios orales; vamos a la mitad de la capacitación, indicó la funcionaria.

Agregó que el director general de servicios legales estuvo en Chile viendo las fortalezas y debilidades y qué es lo que realmente podemos importar con buenos resultados.