La Procuraduría General de la República (PGR) se negó este martes a fijar su postura sobre los cuestionamientos que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos abogados han hecho sobre el actuar de esa dependencia en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.

Los juristas y los ministros han opinado que es ilegal y absurdo que el Ministerio Público Federal haya suspendido las investigaciones del plagio del Jefe Diego, ya que –sostuvieron los expertos– el delito de privación ilegal de la libertad se persigue de oficio y las instituciones del Estado mexicano prohíben la renuncia a la obligación de investigar ese tipo de actos criminales aunque no exista denuncia de parte.

El licenciado Ricardo Nájera (vocero de la PGR) me indicó que por el momento la dependencia no tiene nada que manifestar a los medios de comunicación respecto del caso del licenciado Diego, aseguró ayer Octavio Campos, director de información del departamento de comunicación social de la PGR, en respuesta a una petición de entrevista solicitada por La Jornada.

De nuevo los expertos

Especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México desaprobaron la decisión de la PGR de interrumpir las investigaciones del plagio de Fernández de Cevallos, por considerar que ni el Estado ni el derecho pueden quedar sujetos a acuerdos entre particulares.

Las formas a las que queda sujeta la PGR y las dependencias que persiguen los delitos no son negociables ni transables, ni están disponibles para acuerdos entre particulares. Eso es una concepción lamentabilísima del Estado y del derecho, afirmó Ignacio Carrillo Prieto, ex fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado.

Agregó que es muy respetable el dolor y la zozobra de la familia del político panista, pero hay que insistir en que el quebranto del orden jurídico, desde el momento en que queda sujeto a una especie de paréntesis humanitario, no puede ser avalado por los agentes del Estado.

La Constitución y el Código Penal son muy claros al respecto: toca al Ministerio Público perseguir el delito y poner a los delincuentes a disposición del juez y, en consecuencia, cualquier otra cosa no es constitucional y es contrario al mandato del Código Penal.

Jorge Carmona Tinoco, del IIJ, confió en que la PGR recupere las investigaciones porque, de lo contrario, esta acción podría marcar un precedente y abrir una ventana de oportunidad de negociación para las personas que se dedican a intermediar en la liberación de un secuestrado.

Esto es una mala señal, porque proliferarán las persona que tienen negocios alrededor de este tema, es decir, las investigadores privados y los secuestradores, precisó.