En México las desapariciones forzadas continúan siendo una práctica usual y extendida por todo el territorio. Antes se daban al amparo de regímenes autoritarios, pero ahora forman parte del terror de la guerra contra el crimen organizado y tocan incluso a ciudadanos que no están ligados con ningún tipo de lucha social.

Lo anterior fue expresado por integrantes de organizaciones civiles y populares, así como por familiares de víctimas, durante la realización de la Jornada Nacional contra la Desaparición Forzada en México, encuentro que se realizó para demandar la presentación de Edmundo Reyez Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes fueron reivindicados como integrantes del Ejército Popular Revolucionario y detenidos el 25 de mayo de 2007 en la cuidad de Oaxaca.

Pablo Romo, integrante de Serapaz y de la Comisión de Mediación del caso, lamentó que esa práctica, en lugar de ir en retroceso o terminar, continúe siendo utilizada por el Estado mediante sus agentes, entre ellos la policía federal y el Ejército.