El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal, Manuel Oropeza, informó que un representante de cada grupo de ese partido integrará una comisión que se encargará de encauzar la discusión interna en temas como la supervía del poniente, por medio de foros, encuentros y debates públicos.

En entrevista, el dirigente perredista dijo que se trata de ahondar en la visión y los argumentos sobre diferentes temas, cada quien defendiendo su postura, particularmente en los que tienen que ver con el desarrollo urbano de la ciudad, donde hay una mayor discusión.

Explicó que el pronunciamiento que emitió el lunes el secretariado estatal del partido, en el que se plantea fortalecer la relación con el gobierno de la ciudad y marchar unidos en su defensa y contra el interés de PAN y PRI de aprovechar la discusión sobre el proyecto vial para atacarlo, no modifica las posturas y da cauce al debate y al análisis.

Ayer, el secretario general del partido, Jesús Valencia –a favor de las supervía–, expresó su adhesión al pronunciamiento al resaltar que el escrito deja claro que por ningún motivo nos uniremos a la derecha para lastimar a los gobiernos emanados de nuestro instituto político y se refrenda la unidad del partido.

Reitero mi apoyo total a las tareas institucionales que encabeza el compañero Manuel Oropeza, añade, y reconoce que las diferencias internas son propias de un partido democrático, pero el PRD no permitirá que la derecha se monte en luchas que no encabeza, porque no cree en ellas.

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados del PAN afirmaron que el gobierno capitalino debe parar los trabajos de la supervía al asegurar que un juez otorgó a un vecino de Álvaro Obregón un amparo contra la obra, con el argumento de que no se justifica su utilidad pública.

En conferencia de prensa, los panistas Fernando Rodríguez y Rafael Medina sostuvieron que el pasado 10 de mayo el juzgado quinto de distrito en materia administrativa concedió a Jorge Zacarías Gómez la suspensión definitiva del proyecto por afectación a su propiedad.