El Gobierno del Distrito Federal arrebató a la delincuencia organizada 464 millones de pesos, mediante expropiaciones, juicios de extinción de dominio, decomiso de armas y acciones dirigidas a detener el contrabando no sólo en tianguis, sino también en centros comerciales y en boutiques muy exclusivas ubicadas en Galerías Insurgentes, Perisur y Santa Fe.

Al rendir un informe de resultados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en tres años de operaciones, el secretario de Finanzas, Mario Delgado, destacó que a escala nacional, la ciudad de México ocupa el segundo lugar en el combate al contrabando, por lo que en julio recibirá un incentivo 165 millones de pesos proveniente de participaciones federales.

Además tendrá la posibilidad de donar, en esta ocasión, al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF), 11 toneladas de ropa nueva para niño, dama y caballero decomisada a la delincuencia, con valor de aduana de 76 millones, aunque en el mercado asciende a 200 millones de pesos.

Acompañado del procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera; de la directora del DIF-DF, Martha Patricia Patiño; y del jefe de la UIF, Jorge Silva, destacó que una de las formas más inteligentes de combatir a la delincuencia es quitándole parte de su patrimonio mediante la extinción de dominio, la expropiación de predios y el decomiso de artículos, dejando de lado la visión de policías y ladrones.

De los 464 millones de pesos confiscados, 173 millones son por inmuebles sujetos a extinción de dominio (37 casos, de los cuales ya se tienen siete sentencias), 212 por expropiaciones, 76 de la UIF y 2 millones por decomiso de armas, precisó el jefe de esa unidad.

Mencionó que los sitios donde se han realizado los operativos contra el contrabando son las calles del Centro Histórico; los tianguis de Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, y centros comerciales y boutiques muy exclusivas. En Vallejo, Insurgentes, Revolución y Paseo de la Reforma se realizan patrullajes especiales con personal de las secretarías de Transportes y Vialidad y de Seguridad Pública, así como de la procuraduría, para verificar vehículos de procedencia extranjera.

Se trata, destacó el procurador capitalino, de combatir la delincuencia y mermarla donde más le puede afectar, que es el aspecto económico, así como desmantelar sus redes financieras, porque sólo así, pegándoles en su patrimonio, tendremos éxito.

En caso de que la gente no acredite la introducción legal de la mercancía confiscada, podría purgar una pena de tres a ocho años de prisión por contrabando, dijo. Además de dar vista a la PGR, en los casos donde se detecten vínculos económicos o financieros, para que determine si hay lavado de dinero, comentó.