Morelia, Mich., 24 de mayo. El boicot al Censo de Población 2010 que anunció la jerarquía católica mexicana implica un delito contra normas del orden público, que amerita iniciar de inmediato una averiguación previa, y el Estado al menos debe solicitarle que se retracte, aseguró el constitucionalista Diego Valadés.

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió que hay excesivos incentivos para la ruptura del estado de derecho, pero gran parte de los episodios que sobrevienen quedan sin respuesta legal del Estado.

Tras ofrecer la conferencia Los problemas del Estado laico, en la sede del Congreso local, Valadés cuestionó la clase de país que sería México si los partidos, organizaciones sociales y entidades gremiales decidieran boicotear el censo.

Boicotear un censo es un hecho sin precedente en la historia de la vida pública del Estado, y el Ministerio Público Federal debe intervenir ante el pronunciamiento de la Iglesia católica, porque la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica impone hasta 10 mil salarios mínimos de multa a las personas morales que impidan el desarrollo normal de estos levantamientos, precisó.

Según Valadés, debe imperar el principio de laicidad para que la Iglesia hable con libertad, sin que el Estado mexicano siga sus indicaciones como si fueran mandatos vinculantes o se legisle y decida conforme a ellas.

De alguna forma se está adoptando por vía de los hechos un fuero en favor de la Iglesia católica, indicó.