Irapuato, Gto., 24 de mayo. Daniel Murillo Carrillo, de 35 años, fue asesinado a golpes en los separos de la policía de Irapuato.

Según las autoridades, la víctima pereció entre las cuatro y las cinco de la madrugada del domingo a causa de un traumatismo profundo en la región abdominal. Fue agredido y hay que saber por quién, expuso el subprocurador de Justicia del estado, Ricardo Rodríguez Zavala.

El funcionario indicó que se investiga si en el homicidio participaron los policías u otras personas que lo aprehendieron o tuvieron contacto con el hoy occiso.

Con este caso se eleva a siete el número de muertes por suicidios y homicidios en centros de readaptación social y cárceles municipales del estado en 12 meses.

Añadió que se analizan los videos del ingreso de Murillo Carrillo a la cárcel municipal, pero el director de la policía de Irapuato, Alejandro Jiménez López, dijo que no hay escena alguna donde se observe que policías o internos lo agredan.

La esposa de la víctima presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG), cuyo presidente, Gustavo Rodríguez Junquera, dijo que se solicitaron informes al director de la policía y al jefe de los árbitros calificadores, así como los resultados de la autopsia, el acta de defunción, el video y copia de la indagatoria.

María del Socorro Guerrero muestra la fotografía de su esposo, Vicente Palomo, asesinado por policías ministeriales de Guanajuato en enero de 2009. Tres de los implicados siguen prófugosFoto Carlos García/Archivo

Este es un problema grave. Haremos una investigación profunda para aclarar cómo perdió la vida esta persona, anunció el ombudsman, quien recordó que desde abril de 2009 han muerto tres personas en el Cereso Mil de Valle de Santiago, una en el de León y tres en los separos de Santa Catarina, Villagrán e Irapuato.

La PDHG espera respuesta a las recomendaciones hechas a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y al municipio de Villagrán, refirió Rodríguez Junquera.

Empero, estos siete decesos de reos y detenidos ocurrieron después de que el ombudsman intervino en el caso de Vicente Palomo, asesinado por policías ministeriales el 20 de enero de 2009.

Este hecho sentó precedente y alertó sobre las condiciones de reclusión en cárceles y comandancias. Sin embargo, de cinco agentes que torturaron al agricultor y ganadero hasta matarlo sólo dos fueron capturados y tres están prófugos por la tardía actuación del entonces procurador Daniel Chowell Arenas, a quien el Congreso de Guanajuato designó magistrado del Poder Judicial del estado el 29 de abril, a propuesta del gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez.