De los 32 mil capitalinos que emigraron y viven en Arizona, 48 por ciento tienen ya su residencia legal. El resto está en una situación de absoluta incertidumbre sobre su futuro con la ley SB 1070. Ante el riesgo de que sean detenidos y repatriados el gobierno capitalino redoblará sus esfuerzos para defender sus derechos y asesorarlos mediante despachos de abogados y líneas telefónicas de atención. Así lo precisó la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), Rosa Márquez, quien resaltó que 12.5 por ciento de esos migrantes tienen estudios universitarios, y si bien cuentan con sus papeles en regla, podrían sufrir la persecución de las autoridades de aquella localidad, pues se guiarán sólo por su aspecto. También destacó el acuerdo que se logró con el área de Repatriación de la Secretaría de Gobernación para saber cuando sea expulsado algún oriundo del DF y se le pueda dar ayuda hasta que regrese a la capital.