San Luis Potosí, SLP, 22 de mayo. Mediante una figura jurídica inexistente, empresarios que proyectan un nuevo desarrollo inmobiliario, residencial, comercial y de servicios en la capital de San Luis Potosí, pretenden despojar de mil 200 hectáreas a 328 comuneros, titulares únicos del núcleo de tierras de la comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, denunció Tomás Jasso Menchaca, uno de los poseedores inconformes con este negocio.

Con engaños, dijo, los empresarios encabezados por Carlos Gerardo López Medina hicieron firmar a los comuneros un contrato de préstamo por 82 millones de pesos, a cambio de que éstos modifiquen el cambio de régimen jurídico de mil 200 de las 14 mil 869 hectáreas que tiene el núcleo ejidal, y las aporten para el desarrollo.

Los compradores estarían entregando cada mes, desde octubre pasado, entre 18 mil 750 y 25 mil pesos, en calidad de préstamo, para concluir en septiembre próximo la entrega de 250 mil pesos a cada uno de los comuneros, con el propósito de que cedan sus tierras, agregó Jasso Menchaca.

Pero las comunidades, legalmente, no pueden venderse, pues tendrían que cambiar su condición de comunidad, por lo que empresarios pretenden convencer mediante un fraude que les cedan las tierra, para concretar un proyecto que incluye fraccionamientos, hoteles, universidades y hasta una zona de cabañas en una área que fue propuesta por el gobierno del estado para que la Secretaría del Medio Ambiente y Gestión Ambiental la proteja como reserva ecológica.

Agustín Jasso Juárez y Cipriano de la Rosa Bravo señalaron que ante la preocupación de ver pérdidas sus tierras, unos 30 comuneros disidentes interpusieron la demanda número 149-2010 ante el Tribunal Unitario Agrario del 25 distrito, a nombre de Virginia Trujillo, de la cual se estaría notificándose a los demandados en estas fechas para citarlos a comparecer el mes entrante.

Los denunciantes mostraron el presunto contrato de préstamo celebrado entre los comuneros y empresarios, en la cual aparecen como acreedor Carlos Gerardo López Medina, en su propio nombre y en representación de José Cerrillo Chowell, Manuel del Valle López, José Carlos Mahbub Sarquis, Manuel Muñiz Werge, además de Jorge González Hernández, ex titular del Instituto de la Vivienda en el Estado.

Por parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe firman Aniceto Jasso Bravo, Gilberto Ángel Acosta Pitones, Alejandra Pérez López, Juan Socorro Leyva Flores, J. Guadalupe Campos Terán y Natividad Aguilar, en su calidad de integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia.

Contrato sin firmas

El diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal sostuvo que este contrato es ilegal, pues ni siquiera tiene firmas, y según los afectados es el documento con que los empresarios pretenden envolver a los comuneros aprovechándose de su pobreza y presionándolos a aceptar los 250 mil pesos como préstamo, cuando en realidad sus tierras valen muchísimo más, pues se ubican donde apunta el desarrollo residencial de la capital del estado.

El legislador denunció que el negocio consiste en pagar entre 50 y cien pesos el metro cuadrado por tierras que luego serían vendidas en más 5 mil pesos por la misma extensión, como hicieron los empresarios Carlos Gerardo López Medina, Vicente Rangel y Eduardo García Navarro, entre 1994 y 1995, con las más de mil hectáreas del ejido La Garita de Jalisco, que ahora son complejos habitacionales.