El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) consideró que en vista del crítico estado de salud que presentan los agremiados en huelga de hambre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debiera resolver de inmediato el amparo que solicitaron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y contra el despido injustificado de más de 40 mil trabajadores sindicalizados.

Luego de reunirse en oficinas del máximo tribunal –por más de hora y media– con el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el líder de los electricistas, Martín Esparza, consideró que el pleno de la Corte tiene que tomar mucha responsabilidad de este caso, debido a que se han cumplido 27 días de huelga.

Indicó que los miembros del SME tienen la razón legal para que los ministros resuelvan en su favor, ante el decreto que el gobierno federal aplicó sin ningún antecedente jurídico en el país para la extinción de un organismo público descentralizado, creado por el Congreso de la Unión.

En nuestra demanda tenemos la razón; no puede quedar un precedente de esta naturaleza, porque, de lo contrario, estarían en riesgo todos los organismos descentralizados que son estratégicos para el país y prioritarios en el servicio público y social, manifestó.

A su salida de la audiencia detalló que la comisión de integrantes del sindicato fue muy bien recibida por el ministro presidente Ortiz Mayagoitia, quien escuchó los razonamientos de los trabajadores afectados.

Escucho bien. Nos dijo que ellos, en apego a derecho, van a revisar el caso con el ministro ponente, quien tendrá que presentar el proyecto y se tendrá que revisar en el pleno de la Corte, agregó.

Aunque no hay fecha definida para que el máximo tribunal resuelva sobre el amparo requerido por el SME, confió en que esta instancia velará por los intereses de los electricistas en su justa demanda de recuperar su fuente de trabajo.

Además de que los trabajadores afectados por el decreto continuarán reuniéndose con los ministros para exponerles nuestros razonamientos y mantendrán su lucha en el exterior del país ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias.