Toluca, Méx., 21 de mayo. Dos inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y uno de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) fueron asesinados junto con un civil que los guiaba a la comunidad La Alborada, municipio de Temascaltepec –60 kilómetros al sur de esta capital–, considerado por las autoridades como punto crítico en la tala clandestina.

El área forma parte de la región que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, consideró la semana pasada como corredor natural en el tráfico de drogas, por su cercanía con Guerrero y Michoacán.

Para atender una denuncia ciudadana sobre un tiradero de residuos tóxicos en la mina La Guitarra, los tres inspectores y el guía partieron la mañana del jueves de Valle de Bravo rumbo a La Alborada y ya no regresaron.

Según fuentes de la delegación de la Profepa, se perdió comunicación con ellos alrededor de las 18 horas. A la medianoche la encargada de despacho de esa dependencia, Aidé Venegas, solicitó a la policía mexiquense comenzar la búsqueda.

La mañana de este viernes más de 50 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) adscritos a Valle de Bravo iniciaron la búsqueda. A orillas de la carretera Temascaltepec-Sultepec, a la altura del kilómetro 21, ubicaron el jeep en que los inspectores se transportaban.

Posteriormente, con la ayuda de un helicóptero, se amplió la búsqueda a áreas cercanas al socavón. A las 14 horas, personal de la ASE halló los cuerpos de Bernardo Sánchez Venegas y Juan García Xhingue, de la Profepa; Valentín Reyes García, de la Conafor, e Isidro Ruiz Alonso, el guía.

Las víctimas fueron encontradas desnudas y semienterradas, con huellas de tortura y varios impactos de bala, incluido el tiro de gracia. Cerca de las 16 horas, el secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava; el procurador general de Justicia, Alberto Bazbaz, y el comisionado de la ASE, David Garay, se presentaron en el lugar y ordenaron resguardar la zona.

Unos 50 agentes ministeriales interrogaron sobre lo sucedido a pobladores de la comunidad La Alborada. La policía estatal mantiene acordonada la periferia de la mina y peritos de la procuraduría recaban evidencias donde se hallaron los cadáveres, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Valle de Bravo.