Con el propósito de mitigar los efectos que la inseguridad ocasiona a los periodistas y la libertad de expresión, el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González Pérez, propuso la federalización de los delitos contra esos profesionales y la creación de un comité de riesgos, que desarrolle medidas preventivas para evitar agresiones contra los comunicadores.

Entrevistado en el sexto Foro Internacional sobre la Libertad de Expresión, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, sostuvo que deben federalizarse los delitos contra los periodistas y ampliar las facultades del Ministerio Público Federal, con la finalidad de que éste pueda realizar investigaciones que lo lleven a resultados concretos.

Agregó que, como ocurrió en Colombia, en México se debe crear un comité de evaluación de riesgos, integrado por representantes del gobierno y de los medios de comunicación, para prevenir y atender los casos de periodistas agredidos.

Un comité que evalúe aquellos casos de periodistas en que puede cometerse una agresión con la finalidad de adoptar medidas preventivas, no sólo reactivas cuando el hecho ya ocurrió y estamos doliéndonos por las consecuencias de la agresión.

El foro, organizado por la Fundación para la Libertad de Expresión, contó con la participación del académico y periodista paraguayo Benjamín Fernández Bogado.

Éste aseguró que América Latina se ha vuelto insensible ante la pérdida del valor de la libertad de expresión, por lo que debe repensarse este concepto ante factores como las nuevas tecnologías o la violencia.

Por un lado, la prensa ha dejado de ser la principal intermediaria entre la noticia y los ciudadanos y, por otro, éstos están buscando nuevas formas de comunicación en Internet. Aseveró que la función de la intermediación, que era monopolio de los periodistas, ahora ha dejado de serlo y no se han construido formas alternativas.

Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado y profesor de la Universidad de Córdoba, Argentina, señaló que las redes sociales de Internet constituyen nuevas formas de la libertad expresión. Sin embargo, lejos de demonizarlas, se requiere educar a los ciudadanos para que no violen derechos humanos con esas nuevas herramientas.

Hay empresas que antes de hacer una contratación miran si la persona está en YouTube o Facebock, y qué está haciendo ahí. Por ello esos espacios deben tener límites, para que no se conviertan en mecanismos de persecución y manipulación.